Diputados: en la Comisión de Industria quedó claro que al Gobierno «no le importa la actividad pesquera»
Focalizados en el impacto del DNU 340/25 y en el proceso de desregulación que impulsa el gobierno para el sector a través del ministerio que ocupa Federico Sturzenegger los representantes de los trabajadores fueron escuchado por los legisladores.
La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados recibió a representantes de la industria pesquera y de sindicatos donde expusieron sobre la situación que atraviesa el sector ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que preside la chubutense Ana Clara Romero (Pro).
El primero en exponer fue Ángel Raimundi, secretario Adjunto del Sindicato de Conductores Navales en Argentina, quien manifestó “mucha preocupación” de que el conflicto todavía no alcanzó una solución. “Desde el principio, expresamos la necesidad de que esto sea un diálogo de tres, ya que no se trata de un conflicto entre privados, sino que es un conflicto donde el Estado tiene mucho para hacer”, señaló.
“Queremos brindarle nuestro apoyo a la iniciativa que algunos diputados han presentado para declarar la actividad en emergencia económica, creemos que ahí está la llave para destrabar una situación muy compleja”, resaltó Raimundi al tiempo que afirmó que “no es justo que el hilo se pretenda cortar por lo más delgado, con un ataque artero al salario de los trabajadores del sector”.
Raimundi, expresó a Conclusión que la situación actual de la actividad pesquera se caracteriza por un grave conflicto entre empresarios y trabajadores, donde las empresas buscan reducir los salarios en un 30%. Este recorte salarial se suma a la pérdida del 20% del salario causada por la eliminación de un beneficio fiscal y el retorno del impuesto a las ganancias al 100%.
El sindicalista enfatizó sobre la necesidad de una solución tripartita, destacando el rol crucial del Estado para resolver el conflicto. Además, criticó el Decreto 340/25, argumentando que su desregulación de la Marina Mercante impacta negativamente en la actividad pesquera y sus cadenas productivas.
Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, hizo hincapié a que “el conflicto se va a solucionar más rápido y de mejor manera si el Estado juega su rol de autoridad. No puede haber una actividad económica tan importante, que es la octava del país en cuanto a exportación, que cuando tenga un problema no haya una autoridad que se siente a unir criterios y encuentre otra variable no sea el salario”, dijo.
Desde el Centro de Patrones Fluviales y de Cabotaje, Mariano Moreno, expresó que “volver acá a decir prácticamente lo mismo y que no hemos tenido soluciones, de alguna manera aburre”, e insistió en que apuntan a “arrimar a alguna solución para los trabajadores que tienen en la pesca su subsistencia”. Luego, criticó que “el Poder Ejecutivo no se está sentando a la mesa de discusión en algo que afecta a más de cincuenta mil personas”.
Moreno señaló a este medio, la falta de avances significativos desde su última presentación en la Comisión de Asuntos Marítimos, donde la problemática de la pesca y la inacción ante el Decreto 340/2025 (relacionado con la Marina Mercante) siguen sin respuesta. La situación es tan crítica que los trabajadores, con el apoyo de la CATT y tras un mandato recibido en un acto de la CGT, han decidido movilizarse y presentarse ante las autoridades para exigir soluciones.
El gremialista, subrayó la ausencia de diálogo y de aproximación por parte del gobierno. Si bien se han mantenido algunas reuniones con el Ministerio y la Secretaría de Trabajo, no se han logrado avances concretos. La imposibilidad de dialogar con el gobierno actual se presenta como un obstáculo significativo y refleja una profunda preocupación por la «falta de atención del gobierno a las necesidades urgentes de este sector vital de la economía argentina».
En tanto que Juan Donato, del Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (S.A.O.N.S.I.N.R.A), ratificó que “la industria naval ha sido golpeada en estos meses con dos decretos”. “Los trabajadores no son el costo y es el Congreso el que de una vez por todas va a tener que tomar medidas y sentarse a legislar, porque no puede seguir dejando vigente los decretos sin su intervención”, añadió.
Por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Ángel Juan Navarro, aseguró que “en este momento las empresas pesqueras quieren volver a la época del abuso patronal sobre los obreros marítimos”. En ese mismo sentido, recalcó que “estamos teniendo una crisis pesquera encubierta queriéndole bajar el 30% de lo que el marinero gana de su producción”. “Esto es un tema político, donde quieren romper los convenios colectivos de trabajo para así lastimar el sistema sindical argentino que está muy bien visto en el mundo”, sentenció.
El secretario de Pesca del Sindicato de Obreros Marítimos, expuso a Conclusión que «se enfrentan a la amenaza de recortes salariales por parte de las empresas, a pesar de que ninguna de ellas se encuentra en concurso de acreedores».
Navarro contó que la intención es presionar al gobierno para que se les otorgue una excepción que impida estas reducciones salariales, basándose en los convenios colectivos de trabajo de 2015.
Además, destacó el impacto negativo del Decreto 340, que permite la entrada de barcos con banderas de conveniencia y tripulaciones extranjeras, generando competencia desleal y amenazando con dejar sin trabajo a muchos afiliados.
El diputado nacional santacruceño Gustavo González (UxP) lamentó que no hayan asistido los funcionarios nacionales – que nunca asistieron- a exponer y dar explicaciones ya que los trabajadores describieron que su situación “es desesperante”. Asimismo, instó a “buscar un sentido que sea más redituable para los empresarios y que la variable de ajuste no siga siendo el trabajador”.
En otro aspecto, González pidió trabajar para que “se derogue el decreto 340” al subrayar que “faltan decisiones políticas que las tiene que dar el gobierno nacional, ya que no se puede estar ausente ante esta situación, principalmente por el clima social que ya se está viviendo en algunas ciudades, pero también por la pérdida de divisas”.
Por último, la titular de la Comisión, Ana Clara Romero, del PRO, destacó que “el ánimo de las reuniones es de juntar a todos los sectores, tratar de contribuir en visibilizar y buscar un camino de solución, pero sabemos que las soluciones legislativas no son las más rápidas y eficientes frente a situaciones de coyuntura”.