Diputados: hubo tres dictámenes sobre endeudamiento y morosidad, se define en el recinto

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados terminaron  el debate sobre los proyectos vinculados con el endeudamiento familiar y la morosidad. Se firmaron tres dictámenes y será el recinto el que defina cuál de las propuestas obtiene respaldo.

La Libertad Avanza, junto con sus aliados del PRO y la UCR, consiguió el dictamen de mayoría, con 32 firmas y dos disidencias radicales. La oposición presentó otros dos despachos: uno consensuado entre Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, que reunió 27 firmas, y otro de Argentina Federal, que obtuvo dos adhesiones.

Alrededor de 20 millones de personas tienen algún tipo de deuda, principalmente con bancos y billeteras virtuales. De ese total, casi seis millones se encuentran en situación de morosidad, es decir, acumulan más de tres meses de atraso en sus pagos

El dictamen de mayoría será el primero en ser sometido a votación en una eventual sesión. La fecha todavía no fue acordada, aunque se analizan los días 7 y 14 de octubre. Si el oficialismo no consigue los votos y su propuesta es rechazada, se pondrán a consideración los dictámenes de minoría.

El oficialismo apuesta a la prevención

Aunque el presidente Javier Milei sostiene que el Estado no debería intervenir en un problema “entre privados”, la presión opositora llevó al oficialismo a presentar una propuesta propia.

El dictamen de La Libertad Avanza y sus aliados se concentra en la prevención del sobreendeudamiento, la transparencia y la información financiera. El texto propone establecer “un marco común de transparencia y protección para los usuarios de operaciones de crédito de consumo”.

También busca “fortalecer la información necesaria para comprender y comparar sus condiciones económicas; promover un consentimiento efectivo e informado; actualizar la educación financiera frente a la expansión de los servicios digitales; prevenir y gestionar el fraude digital; y facilitar la movilidad de los usuarios hacia alternativas de financiamiento que resulten más convenientes”.

La iniciativa establece que las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito deberán brindar información “cierta, clara, suficiente, accesible, oportuna y fácilmente comprensible” durante todas las etapas de una operación: desde la publicidad y la oferta hasta la contratación y la vigencia del crédito.

Además, la información previa a la contratación deberá detallar de manera diferenciada los impuestos que inciden sobre el costo de la financiación. “La información precontractual deberá permitir al usuario identificar de manera clara y diferenciada los tributos que incidan sobre el costo de la financiación”, indica el proyecto.

La propuesta también incluye un perfil de riesgo crediticio accesible, educación financiera en entornos digitales, consentimiento informado, mecanismos reforzados de validación, derecho de revocación, botón de arrepentimiento y portabilidad del crédito.

La propuesta de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica

El dictamen conjunto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica propone declarar la emergencia por sobreendeudamiento de las personas humanas durante 180 días.

Además, crea un “Régimen Especial de Regularización y Alivio Financiero”, al que las personas deudoras podrían adherir voluntariamente, mientras que los acreedores alcanzados deberían cumplirlo de manera obligatoria.

El régimen estaría destinado a reestructurar deudas originadas en operaciones de crédito al consumo. Entre sus principales medidas contempla:

• La eliminación del 100% de los intereses punitorios.
• Un plazo mínimo de 12 meses para cancelar las deudas regularizadas.
• Cuotas que no superen el 30% de los ingresos de la persona deudora.
• La ampliación de los plazos cuando sea necesario para adecuar las cuotas a los ingresos y a la capacidad real de pago.
• La suspensión de embargos y cobranzas extrajudiciales.
• La prohibición de nuevos intereses punitorios, capitalización de intereses y reportes negativos sobre las obligaciones incluidas.

La tasa de interés aplicable al saldo regularizado no podría superar la tasa nominal anual promedio ponderada de los depósitos a plazo fijo mayoristas en pesos, conocida como TAMAR, correspondiente al mes anterior, más 25 puntos porcentuales.

Podrían acceder al régimen las personas que registren una mora de al menos 60 días y destinen el 30% de sus ingresos familiares al pago de deudas. Además, el monto total de las obligaciones no podría superar el equivalente en pesos a dos Canastas Básicas Totales correspondientes al Hogar 2 del INDEC.

El proyecto también fija límites para intereses, cargos y condiciones de financiación de tarjetas de crédito y préstamos personales. A su vez, prohíbe las cobranzas abusivas y reconoce el derecho a la portabilidad financiera.

El dictamen de Argentina Federal

Por su parte, Argentina Federal propuso declarar la “Emergencia Social y Económica en materia de endeudamiento de los consumidores financieros en todo el territorio de la Nación Argentina” por un año, con la posibilidad de extenderla por otro período igual.

Durante la emergencia, los acreedores no podrían aplicar una tasa nominal anual superior a 1,5 veces la tasa correspondiente a los depósitos a plazo fijo a 30 días de personas humanas publicada por el Banco Central.

El proyecto también impulsa la creación del “Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal”, destinado a facilitar la refinanciación, reestructuración y cancelación de deudas de consumo.

El programa estaría dirigido a personas en situación de sobreendeudamiento o vulnerabilidad financiera. Para acceder, los ingresos mensuales del beneficiario no podrían superar el equivalente a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Con los tres dictámenes firmados, el debate pasará ahora al recinto. El oficialismo deberá reunir los votos necesarios para sostener su propuesta o enfrentar la posibilidad de que avance alguno de los proyectos impulsados por la oposición.