La extradición de Assange quedó en suspenso en marzo después de que el Tribunal Superior de Londres dijera que Estados Unidos debía dar garantías de que no se enfrentaría a la pena de muerte.
La audiencia de este miércoles es el último esfuerzo de Assange por evitar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta graves acusaciones por la filtración de documentos clasificados que, según se argumenta, podrían haber puesto en riesgo a varias personas.
Si su apelación es rechazada, podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de cárcel, una situación que ha generado preocupación internacional sobre las implicancias para la libertad de prensa.
El grupo de directores y editores, que trabajó con el periodista australiano recordó que en su momento “sintió la necesidad” de cuestionarlo por sus revelaciones en 2011 pero ahora se unieron para expresar su “profunda preocupación por la continua persecución”.
Edward Snowden se pronunció en su cuenta de Twitter luego de la muerte del especialista de seguridad informática, McAfee y advirtió que el siguiente puede ser Assange.
El presidente saliente de Estados Unidos emitió una serie de decretos a última hora de este lunes, principalmente el levantamiento, a partir del 26 de enero, de las prohibiciones de viajes impuestas debido al coronavirus en la mayor parte de Europa y Brasil. Casi de inmediato, la portavoz de Biden, Jen Psaki, dijo que la medida no se mantendría.
Su abogado, Anatoli Kucherena, afirmó que la legislación rusa le permite a su cliente obtener un permiso de residencia indefinido y que los trámites para obtenerlo se retrasaron por el coronavirus. Este anuncio llegó en momentos en que los tribunales británicos decidirán si extraditan o no a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, a Estados Unidos.
La empresa Undercover Global S.L., encargada de proteger la Embajada de Ecuador en Londres durante la larga estancia del fundador de Wikileaks espió al ciberactivista para los servicios de inteligencia de EEUU.
El activista visitó al australiano de 47 años en la prisión de Belmarsh junto al padre del detenido.
Así lo informó la fiscal superior adjunta Eva-Marie Persson, que será quien active la orden de detención europea.
El ciberactivista dijo que no deseaba ser entregado "por haber hecho un periodismo que ha ganado muchos premios y ha protegido a muchas personas".
El responsable de las Relaciones Exteriores del país sudamericano, José Valencia, señaló que “los actuales rumores” además “son insultantes.