El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados de Palestina denunció que estas últimas muertes "son parte de la matanza diaria de palestinos en los territorios ocupados". Pidió que la Corte Penal Internacional procese a los israelíes responsables de los actos.
Unidas por su deseo de contrarrestar el dominio global de Estados Unidos, China y Rusia han dejado atrás las diferencias de la Guerra Fría y han incrementado su cooperación en los últimos años.
Shireen Abu Akleh, de 51 años, recibió un tiro en la cabeza el 11 de mayo cuando cubría para el medio de comunicación qatarí, vestida con un chaleco que decía "Prensa", una incursión militar israelí en la ciudad palestina de Jenín, un foco de violencia permanente en Cisjordania.
La organización expuso que son “políticas crueles de segregación, de desposesión y de exclusión”. La Autoridad Nacional Palestina consideró que el informe es “valiente y justo”.
El procurador general de la organización, Karim Khan, dijo que los “peores crímenes” fueron cometidos por los talibanes y por el grupo Estado Islámico. Les pidió a los jueces. Organizaciones de derechos humanos habían criticado su decisión.
El presidente había mandado mensajes a personas de su entorno que además tienen bromas homofóbicas, y aseveraciones sobre que la vacuna Pfizer produce la muerte por paros cardíacos a los jóvenes.
El movimiento palestino criticó la declaración del Observatorio de Derechos Humanos y consideró que "los verdaderos crímenes fueron cometidos por la ocupación (israelí) que tomó por blanco a civiles durante su última ofensiva contra Gaza". Desde la organización global habían dicho al respecto de los ataques de Israel que "al parecer equivalen a crímenes de guerra".
Si bien algunas organizaciones israelíes ya calificaron de "apartheid" a las políticas de Israel hacia los palestinos, es la primera vez que una ONG de renombre internacional emplea dicho término.
Un documento firmado por 152 obispos católicos expuso sobre la “incapacidad” y “ceguera” del presidente brasileño. En tanto, una organización sindical lo denunció ante la Corte Penal Internacional por considerar su política de salud un “crimen contra la humanidad y genocidio”.