Mientras que la titular de la oficina de Derechos Humanos de la entidad global, Michelle Bachelet, acusó al Ejército de ese país de perpetrar “posibles crímenes de lesa humanidad y de guerra”, la población resiste con desobediencia civil, protestas y cacerolazos, entre otras.
El relator para la ex Birmania, Thomas Andrews, dijo que su pueblo “merece algo mejor de parte de las Naciones Unidas”. Aseguró que en los últimos tiempos la escalada de violencia y la campaña de terror se han generalizado en todo el país.
Según la organización, los muertos se encontraban “entre las al menos 35 personas, incluyendo mujeres y niños, que fueron ultimados el viernes 24 de diciembre por el ejército del país asiático.
Se trata de la primera declaración de Noeleen Heyzer desde que fue nombrada en octubre por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en sustitución de a diplomática suiza Christine Schraner Burgener”.
El informe anual publicado por Reporteros sin Fronteras expuso que “nunca desde la creación del balance anual de RSF en 1995 había sido tan elevado el número de periodistas encarcelados”. Hasta el 1 de diciembre de 2021 murieron 46 de ellos.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo en Indonesia que la pretensión de su país es garantizar que sus Fuerzas Armadas mantengan en esa región su “ventaja competitiva”.
La penas corresponden a los cargos de incitación a la disidencia en contra del gobierno de facto e incumplir las restricciones anticovid. Amnistía Internacional condenó la decisión del tribunal justificada en “falsas acusaciones”.
En el marco de la las más de 1.100 muertes producidas por la dictadura que se hizo del gobierno el 1 de febrero, al ex diputado de la Liga Nacional para la Democracia le dieron 20 años de prisión.
La Alta Comisionada de la organización global, Michelle Bachelet aludió a que "un movimiento de resistencia armada está creciendo" frente a la "represión masiva de los derechos fundamentales".
Tras el golpe de Estado dado el 1º de febrero de este año a la líder civil y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, el gobierno de facto reprimió las protestas sociales y dejaron un saldo de 860 muertos civiles, entre ellos mujeres y niños, y más de 6.400 detenidos.
Los analistas critican el hecho al considerarlo un “espectáculo únicamente motivado por razones políticas”. La ex dirigente sólo fue autorizada a reunirse con su equipo jurídico en dos ocasiones. Y cada encuentro tuvo que durar menos de media hora.
Pesa sobre ella la acusación de haber cobrado “600.000 dólares y varios kilos de oro” del ex ministro Phyo Min Thein. Además se enfrenta a otros cargos que van desde posesión ilegal de walkie-talkies hasta incitación a los disturbios públicos y violación de una ley sobre los secretos de Estado.