Mientras avanzaban las cuestiones de privilegio en el recinto de Diputados, el clima se caldeó cuando emergió la situación social, política y gremial de lo que acontece en Jujuy. La judicialización de la protesta y la represión que "ejerce y ejerció" el gobierno de Gerardo Morales.
El dictamen señaló que los imputados "no permitieron la continuidad legítima" del titular de la Presidencia del país, que debería haber sido Evo Morales como vencedor de las elecciones de aquel momento, por lo que perpetraron "hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular",
La denuncia fue presentada este domingo por la abogada Valeria Carreras y será sorteada este lunes por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero.
Así lo aseguró respecto de la supuesta "sedición" liderada por su hermanastro y príncipe ex heredero al trono.
La ex presidenta rechazó la medida al señalar que quedará detenida “para esperar el juicio poer un ‘golpe’ que nunca ocurrió. Dos ex ministros también fueron sancionados.
El ex presidente boliviano vive en Argentina y tiene 10 días de plazo para presentar su descargo ante la autoridad judicial. Está imputado por exhortar a un dirigente gremial a que cercaran ciudades para que no entraran alimentos dias después de su renuncia al Gobierno.
La comitiva denunció que los “interrogaron ilegalmente y hostigaron”, al arribar al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Evo Morales advirtió que los “dejen llegar a La Paz para realizar el trabajo de investigación sobre derechos humanos”. Además, denunciaron amenazas del ministro de gobierno contra las delegaciones extranjeras.
Se le acusa por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos en el proceso de secesión lanzado en esa región. La declaración se dio a puertas cerradas.
La presentación judicial recayó sobre Ebe López Piossek y Salvador Ruiz, a quienes acusaron penalmente por los delitos de sedición y prevaricato. También hicieron lo propio sobre el candidato opositor, José Cano.