La Uatre, junto a otros sindicatos, acordaron seguir una estrategia conjunta para el conflicto que ya lleva más de un año, afecta a trabajadores de distintas plantas en varias provincias y mantiene la preocupación por la continuidad de los puestos laborales.
El requerimiento dirigido al juez federal Sebastián Casanello se apoya en una investigación que contempló peritajes, allanamientos y análisis de comunicaciones, en las que aparecen nombradas figuras de la mesa chica del presidente Javier Milei, incluso su hermana Karina.
Uatre, el gremio que los representa, decidió emprender el reclamo después de no haber tenido respuestas del sector empresarial el viernes pasado. Aseguraron que no aceptarán más el «desprecio de las patronales» hasta alcanzar «un salario digno que cubra la canasta básica».
Mientras que el gremio pidió un 9 % de aumento acumulativo, el sector empresarial propuso subir sus salarios en 1,7 % en abril y otro 1,7 % en mayo. El sueldo que perciben está par debajo de la canasta básica.
La Uatre consideró que el proceso de intervención de Osprera es “ilegal e ilegítimo” porque el juez que lo determinó fue apartado de la causa por incompetente.
