Se trata de una inversión de más de 4.000 millones de pesos, en un esfuerzo mancomunado entre el Estado Nacional, provincial y municipal, que contará además con la colaboración de la UNR. Además, involucra a las cooperativas de trabajo del barrio, para que los propios vecinos estén involucrados en la urbanización y mejora sustancial de las condiciones de vida en esa zona de Empalme Graneros.
Organizaciones sociales participaron este jueves de una movilización frente al Congreso, para exigir que el Senado apruebe la reforma de la ley 27.453 para evitar desalojos en asentamientos y barrios populares y para garantizar obras de urbanización en estos territorios.
“Uno de los planteos en la reunión con el presidente fue poder darles mayor celeridad a todos los programas para mejorar el hábitat, particularmente en los sectores más conflictivos”, aseguró el gobernador.
El sol puede ser la razón principal del aumento de la temperatura de la tierra en las últimas décadas, afirma un estudio reciente.
El gobernador provincial y el intendente municipal, junto con el ministro de Gestión de la provincia, Marcos Corach, encabezaron un acto en la Sede de Gobierno, para anunciar los acuerdos en el marco del Plan Incluir, a través del que se invertirán un total de 120 millones de pesos en la ciudad.
Luego de la prórroga por 180 días del fallo que pretendía desalojar a las 500 familias del barrio del suroeste rosarino, los vecinos pretenden conformar una mesa de dialogó junto al municipio, Provincia y Nación, para llegar a la audiencia del 15 de febrero de 2021 con un proyecto consistente y hacerse legalmente de las tierras que habitan hace 40 años.
El intendente indicó que en la ciudad “la violencia está muy concentrada en la economía del narcotráfico, con una enorme incidencia de planificación del delito desde las cárceles”, por lo que anticipó que pedirá más efectivos federales para combatir la situación.
El barrio de la zona noroeste rosarina será uno de los primeros trece distritos del país en donde se pondrá en marcha el programa previsto por la ley de Barrios Populares, sancionada en 2017.
El barrio rosarino fue incluido dentro de un programa nacional que prevé obras para asegurar el acceso a los servicios básicos, regularizar la tenencia de la tierra, suspender desalojos y brindar estrategias de abordaje y planificación territorial.