El titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y del gremio estatal ATE, Hugo Godoy, señaló este jueves que «el deterioro del Estado» afecta a «los sectores populares» y es «consecuencia del endeudamiento ilegal entre el FMI y el Gobierno de Mauricio Macri», y reclamó «urgentes soluciones a la crisis social por la que atraviesan los trabajadores en todo el país».
«El deterioro del Estado es en rigor un deterioro de los sectores populares, ya que el ajuste se realiza sobre los salarios estatales, planes sociales, jubilaciones y transferencias a las provincias, todo lo cual es consecuencia de haber aceptado el endeudamiento ilegal entre el FMI y el gobierno de Mauricio Macri», expresó Godoy a través de un comunicado.
El dirigente gremial subrayó que «el FMI le prestó a Macri dinero violando su propia normativa y, ahora, el Gobierno nacional acepta un acuerdo que fijó cláusulas de imposible cumplimiento sobre el gasto fiscal, la emisión monetaria y las reservas».
«Esta realidad se agravó por los efectos económicos de la sequía y la vocación política activa de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de no liquidar la cosecha», explicó.
Añadió que «en esta carrera quedan atrás los trabajadores y los sectores populares (monotributistas, economía popular, jubilados) y el propio Estado», y explicó que «el primer sector observa cómo cae de forma drástica su poder adquisitivo y, el Estado, necesita realizar un mayor ajuste fiscal».
Godoy señaló que «la oposición regresa con el planteo de restablecimiento de un blindaje como el realizado con (Fernando) De la Rúa y (Domingo) Cavallo, que produjo estragos desastrosos para el pueblo, pero aun así no hay respuestas y se acrecienta la pérdida de poder adquisitivo porque todas las opciones están subordinadas al FMI».
La CTAA rechazó las recientes medidas cambiarias anunciadas por el Gobierno y exigió discutir a fondo «la legalidad y legitimidad de la deuda que encadenó al país al FMI en defensa de la soberanía nacional, porque provocará más sufrimiento al pueblo».
«Los contenidos del decreto solo se refieren a modificaciones en los variados tipos de cambio que existen: aumento del tipo de cambio solidario al valor del tarjeta; incremento del 25 % del tipo de cambio para las importaciones de servicios y del 7,5 % para las de bienes; para el maíz y las economías regionales a 340 pesos por dólar; y eliminación de las retenciones -lo que supone un aumento del tipo de cambio- para los productos de las economías regionales, pero no ofrece respuestas a la crisis social», puntualizó.
