Reforma de la Constitución: piden que el MPA y la Defensa Pública estén dentro del Poder Judicial

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe pidió que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal sean reconocidos por la nueva Constitución provincial –cuyo contenido comenzará a delinearse el próximo lunes– como organismos dentro del Poder Judicial. En caso contrario, alertaron que estos cuerpos quedarán sometidos al poder político de turno.

El próximo lunes 14 de julio se reunirán por primera vez los sesenta y nueve convencionales constituyentes, para comenzar a reformar la Constitución de Santa Fe. En este contexto, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia, Jorge Perlo, manifestó: “El MPA y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, de ser reconocidos en la nueva Constitución, deben serlo dentro del Poder Judicial, para que no pierdan la protección de integrar uno de los poderes del estado provincial, con todo lo que ello implica”.

“De no ser así y de crearse la figura del extra poder, en vez de fortalecerse la Autonomía Funcional y Autarquía Financiera de estos organismos, las mismas se verán debilitadas para ser sometidas en el futuro al poder político de turno que pondrá en peligro el ejercicio de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, la propia división de poderes y en particular los derechos laborales de quienes integramos esos Ministerio Públicos, como fiscales, defensores, funcionarios y empleados”, completó el dirigente gremial.

El comunicado de los judiciales fue lanzado luego de que algunos referentes en la materia pidieron que tanto el MPA como el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal no dependan de ningún poder y sean, valga la redundancia, un “extra poder”.

El sindicato manifestó que, en el marco de la reforma, la Autonomía Funcional y la Autarquía Financiera se podrían estipular con rango constitucional. Además, aseguraron que si estos cuerpos forman parte del Poder Judicial no se limitará el ejercicio de la acción penal, ni la planificación de la política de persecución criminal, la defensa en juicio con el debido proceso, las garantías constitucionales o con relación al tratamiento penitenciario de las personas privadas de libertad o sujetas a proceso penal.

Perlo, asimismo, señaló que la Autarquía Financiera con relación a la plantilla de personal y a la asignación de recursos para gastos de funcionamiento y capital es asignada por la Ley de Presupuesto Anual, en la cual “intervienen en su sanción el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no teniendo injerencia alguna el Judicial”.

“No es cierto que actualmente estos organismos no gozan de Autonomía Funcional y Autarquía Financiera, muy por el contrario, la designación de personal se ajusta a derecho. Los santafesinos sabemos que los fiscales y defensores son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo y los funcionarios son designados por concurso público a propuesta de los titulares del MPA y del Servicio Público de la Defensa Penal”, añadió el comunicado.

Y continuó: “Entendemos que, de corresponder una mayor Autonomía y Autarquía con rango constitucional, la misma deberá darse bajo el paraguas o dentro del Poder Judicial, única garantía de independencia funcional y democrática al servicio del pueblo santafesino”.

El documento advirtió que, en caso de que la nueva Constitución no respalde la autonomía y autarquía del MPA y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, los fiscales, defensores, funcionarios y empelados podrían ver “condicionado su régimen salarial y su carrera judicial”.

“Es voluntad de los trabajadores y trabajadoras seguir perteneciendo al Poder Judicial y no escindirse de él”, subrayó el comunicado