Trabajadores de Iosfa paran el lunes y se movilizan en Rosario contra el desmantelamiento del organismo
ATE convocó a una jornada nacional de paro de 24 horas para el 16 de noviembre en rechazo a los despidos y al cierre de dependencias de la obra social de las Fuerzas Armadas. En Rosario, los trabajadores se concentrarán frente a la sede de España 1540. Denuncian la pérdida de 1.450 puestos laborales en todo el país y exigen la reincorporación del personal.
Los trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) realizarán este lunes 16 un paro de actividades de 24 horas y una jornada de protesta en todo el país, en rechazo a las medidas del Gobierno nacional que avanzan con el desmantelamiento del organismo y ponen en riesgo cientos de puestos de trabajo. En Rosario, la convocatoria será frente a la sede de España 1540, donde reclamarán el cese de los despidos, la reincorporación del personal y la continuidad de las prestaciones para los afiliados.
A través de la convocatoria local, los trabajadores advirtieron sobre la crítica situación que atraviesa la obra social y cuestionaron el cierre de distintas dependencias, entre ellas la farmacia, la delegación de atención al afiliado y el centro de auditoría.
Según los datos difundidos por los trabajadores, en Rosario se perdieron 60 puestos laborales, mientras que en Santa Fe capital la cifra asciende a 25. A nivel nacional, denuncian que son 1.450 los empleos afectados. Además, señalaron que los trabajadores despedidos no recibieron indemnizaciones ni reconocimiento alguno.
Frente a este escenario, los empleados exigen la reincorporación inmediata de todo el personal, el fin de los despidos y la garantía de continuidad de las prestaciones médicas para los afiliados.
En paralelo a las medidas de fuerza, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una acción de amparo con pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal de Azul contra las autoridades del IOSFA, con el objetivo de frenar las desvinculaciones de trabajadores de planta permanente que fueron notificadas para el 30 de noviembre de 2026.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la decisión del Gobierno y sostuvo que las cesantías vulneran los derechos laborales adquiridos y la estabilidad del empleo público. «El intento de materializar cesantías masivas vulnera todos los derechos adquiridos por los trabajadores. De manera unilateral, se está atacando la estabilidad en el empleo público», afirmó.
Asimismo, consideró que las medidas representan un deterioro del Estado de derecho y cuestionó que se pretenda modificar derechos laborales mediante decretos. También advirtió sobre el impacto social de los despidos, tanto por la pérdida de ingresos de las familias como por las consecuencias que podría tener sobre la cobertura médica de los trabajadores.
El reclamo sindical se origina en una serie de medidas del Gobierno nacional vinculadas con la reorganización del sistema de salud de las Fuerzas Armadas.
En este marco, el DNU 88/2026 dispuso la disolución del IOSFA y el traspaso de la totalidad de su personal a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Sin embargo, posteriormente, el decreto 1286/2026, publicado el 27 de octubre, estableció que la transferencia alcanzaría únicamente al personal que la nueva entidad considere «estrictamente necesario».
Dos días después, la Disposición 709/2026 desconoció la estabilidad de la denominada «Dotación Inicial», integrada por trabajadores que habían sido incorporados a planta permanente en 2023. A partir de esa decisión, comenzaron a recibir notificaciones de despido.
Desde ATE sostienen que estas disposiciones vulneran la estabilidad del empleado público, garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y cuestionan que se hayan modificado unilateralmente condiciones laborales previamente reconocidas.
En su presentación judicial, ATE solicitó que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 del DNU 1286/2026 y la nulidad de la Disposición 709/2026. El sindicato argumenta que las medidas afectan el derecho al trabajo, la estabilidad del empleo público y el principio de progresividad de los derechos laborales.
Además, pidió una medida cautelar para suspender los efectos de la disposición, impedir nuevas desvinculaciones y reinstalar provisoriamente a quienes ya fueron despedidos, con alcance sobre todos los trabajadores afectados en el territorio nacional.
La presentación se realizó en la jurisdicción de Azul debido a que allí funcionan la Delegación de Tandil y el Centro de Atención al Afiliado, donde trabajadoras ya habían recibido las notificaciones de despido.