Dos grupos israelíes de derechos humanos solicitaron hoy a la Corte Suprema que revoque la polémica ley que regulariza de manera retroactiva miles de colonias en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, convirtiéndose en el primer intento concreto de contrarrestar la medida.
El recurso contra la ley, aprobada el lunes pasado, fue presentado por las organizaciones Adalah y el Centro de Derechos Humanos y Asistencia Judicial de Jerusalén, que representan a 17 municipios palestinos de Cisjordania sobre los que están levantados algunos de los asentamientos.
«Obviamente no podemos saber el resultado de antemano, pero somos optimistas de que en este caso no pasará», dijo Tom Mehager, director de comunicación de Adalah, un centro legal que defiende los derechos de la minoría árabe de Israel y de los palestinos en Cisjordania y Jerusalén este.
La Ley de Regularización causó controversia no sólo fuera sino también dentro de Israel, y varias organizaciones israelíes defensoras de los derechos humanos ayer sostuvieron que era «inconstitucional».
También argumentaron que es legalmente problemático, ya que busca imponer la ley israelí sobre tierras ocupadas que no son territorio soberano y donde sus residentes palestinos no tienen ciudadanía ni derecho a voto.
«Esta ley amplia y peligrosa permite la expropiación de vastas extensiones de tierras privadas palestinas, dando preferencia absoluta a los intereses políticos de Israel», dijo Suhad Bishara, un abogado de Adalah, informó la agencia española de noticias EFE.
Esta ley es la última de una serie de medidas de línea dura por el gobierno israelí desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
En total, se legalizarían unas 3.900 viviendas construidas sobre tierras privadas palestinas, unas 800 en puestos avanzados no autorizados y el resto en asentamientos reconocidos.
Los terratenientes originales serían elegibles para una compensación financiera del 125% del valor de la tierra, según lo determinado por Israel, o una pieza comparable de propiedad alternativa, incluso si no aceptan ceder la suya.
Los defensores de la ley afirman que las comunidades, algunas de décadas de antigüedad y hogar de miles de personas, fueron construidas en «buena fe» y respaldadas en silencio por varios gobiernos israelíes.
Esta medida contempla la posibilidad de que se regularicen retroactivamente en la legislación israelí -no así en el derecho internacional- medio centenar de colonias que no habían sido autorizadas por el gobierno.
Además, paraliza durante un año los casos abiertos sobre 16 de estos asentamientos, aunque no afecta a aquellos edificios que ya han recibido órdenes para derribarlos.
Tras su aprobación varias organizaciones israelíes de derechos humanos y civiles -entre ellas Yesh Din, Shalom Ajshav, Paz Ahora y ACRI-, manifestaron su intención de impugnar la ley en la máxima instancia judicial de Israel, por lo que se espera que los debates no comiencen hasta que todas sean presentadas.
El asesor jurídico del gobierno, Avijai Mandlblit, se negó recientemente a defenderla en el Supremo, y hasta el propio primer ministro y titular de Exteriores, Benjamin Netanyahu, advirtió en el Consejo de Ministros que acabaría llevando a sus miembros «al tribunal de La Haya».
