La Intendencia de Montevideo (IM) presentará en pocas semanas un proyecto de decreto departamental, que ya tiene redactado desde el 21 de abril, por el cual se ordena regular el trabajo de los repartidores que tengan vínculo con aplicaciones como Uber, Cabify, Rappi o Pedidos Ya.
Dentro de la propuesta figura que las empresas deberán contar con “uno o más” locales “adecuados para la permanencia de las personas que realizan el trabajo de entrega o reparto a domicilio”.
Además, en el proyecto se establece la prohibición de utilizar “la calzada” como punto de encuentro para quienes lleven adelante las tareas de reparto en vehículos y también que las empresas deberán entregar una declaración jurada sobre la cantidad de trabajadores que prestan servicios para las mismas.
Ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado confirmaron a medios locales que aún no trataron el tema, mientras los integrantes del Partido Nacional expresaron que “hay muchas cosas en el proyecto de decreto que chocan con la realidad”.
Según uno de los ediles de esta última agrupación política, Diego Rodríguez, señaló que la exigencia de contar con “baños, comedores y estacionamiento” denota “no conocer cómo es el funcionamiento hoy en día de ese tipo de aplicaciones”.
“Tengo miedo de que esto termine siendo letra muerta”, subrayó, y puso el ejemplo del registro de trabajadores. “¿Qué pasa con un bar que no tiene servicio de aplicación pero tiene servicio propio de cadetería?”.
“Por otro lado, ¿la IM va a ir a controlar a las zonas de Montevideo que no son Centro, Ciudad Vieja, Cordón o la zona costera?”, insistió, y remarcó la necesidad de que “se dé un debate o una conversación entre las autoridades de la Intendencia, la Junta y los trabajadores para que la normativa se ajuste a la realidad”.
El argumento principal de quienes impulsan el proyecto es que evita la precarización laboral, a lo que Rodríguez replicó: “Si la IM cumple en una primera instancia y luego deja de controlar van a volver a tener precarización”, además de señalar que la puesta en marcha de la propuesta “va a tener un costo de alquiler de local, de obra”.
En tanto, el presidente del Sindicato Único de Repartidores (Sinurep), Andrés Palermo, expuso ante un medio local: “Nosotros nos enteramos del decreto después de que lo había hecho Carolina (Cosse, intendenta de Montevideo)”.
“Algunas de las cosas están buenas, como que los repartidores tengan un lugar donde descansar”, añadió, para enseguida observar que “deja unas cosas abiertas”, por ejemplo, el hecho de que se multe “a la empresa”, sin tener en cuenta que “la mayoría de los trabajadores son empresas unipersonales”.
y no tienen relación de dependencia -jurídica, al menos- con las aplicaciones. Respecto también de los locales, en un mail enviado por la agremiación a la Intendencia, indicó que “este lugar de espera debería de ser compartido por todas las aplicaciones, lo que entendemos que conviene a las empresas y más a los trabajadores”.
Asimismo, en este correo insisten en que “con estos locales o estaciones para espera evitaríamos el aglomeramiento que prohíbe el artículo 3°”, y solicitan que en caso de que las empresas de aplicaciones no cumplan “proveyendo lugares de estaciones de espera para sus trabajadores en cualquier relación de dependencia, la multa no deberá bajo ningún concepto recaer sobre el trabajador”.
En caso de que esto no cambie, se agregarían las multas a un rubro “donde el trabajador tiene las inclemencias del tiempo, tiene que cubrir sus gastos y los robos”, señaló Palermo.
