El decreto de necesidad y urgencia 756/2018 por el cual el gobierno nacional se apropió del Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero fue rechazado por todo el arco político a excepción del silencio sepulcral de los referentes de Cambiemos en Santa Fe. El DNU a mitad de año y de forma sorpresiva, con las obras a medio hacer y los fondos comprometidos, fue calificado como una “barbaridad jurídica” por legisladores, intendentes y partidos políticos.
El reclamo judicial no es un camino resolutivo. Su tramitación tiene tiempos imposibles y no aporta solución a corto plazo, teniendo en cuenta que no pocos jefes comunales enfrentan serios problemas, algunos de ellos para pagar salarios, porque si bien el FFS era para obras al mismo tiempo era un colchón financiero para cubrir compromisos cotidianos.
La única alternativa de que el gobierno retroceda sería el rechazo del DNU por parte de la comisión bicameral del Congreso que se encarga de la revisión de estos decretos, algo por ahora difícil.
No sólo ajuste
La apropiación por parte del gobierno nacional (las retenciones las seguirá cobrando, lo que cambia es que no las distribuirá) de los 30 mil millones de pesos de retenciones agropecuarias que iban a las provincias, municipios y comunas empieza a levantar sospechas entre las fuerzas de la oposición sobre lo que puede venir.
Frente a un plenario de la Federación Argentina de Municipios, el jefe de la bancada de diputados nacionales del FPV, Agustín Rossi, planteó que “Macri usó un DNU para sacarle a las provincias y a los municipios y quedárselos sin decir cómo y en qué los va a usar”.
>Te puede interesar: Lifschitz: “Vamos a sostener la obra pública porque si disminuye impacta en los puestos de trabajo”
En Santa Fe, durante la reunión con jefes comunales de toda la provincia, el ministro de Economía Gonzalo Saglione hizo público un dato que no pasó desapercibido: los fondos que han llegado en forma discrecional a Santa Fe, directamente a municipios, superan las partidas del Fondo Sojero. Son fondos no coparticipables, por ejemplo los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que cada gobierno asigna a discreción.
En el mismo sentido, la intendenta de Rosario Mónica Fein explicó que “el gobierno nacional tiene ahora más fondos disponibles para distribuirlos discrecionalmente, para quienes acuerden con ellos y quienes ellos decidan, y retira un mecanismo automático y equitativo que teníamos hasta ahora”.
Si bien el gobierno de Cambiemos es que provocó la enfermedad, también puede aparecer en cualquier momento ofreciendo una medicina paliativa, todo en un contexto de municipios y comunas que pierden fondos de obras públicas, caída de coparticipación, recaudación propia por debajo de la inflación y recesión.
Contención política
La situación ameritó que los gobiernos provinciales saliesen a contener a los jefes comunales que quedan pedaleando en el aire y vulnerables a las puertas de un año electoral. En Santa Fe Lifschitz avisó que la provincia no dejará caer la obra pública porque pone el foco en sostener actividad económica y empleo y recortará gastos en áreas que para su gestión no son prioridad.
También puso los ministros de Gobierno y Economía, así como otros funcionarios, a trabajar con jefes comunales de todos los signos políticos, bajar información, tirar hojas de ruta y analizar el escenario político.
Hora de definiciones
En ese contexto, el miércoles próximo se cierra una etapa y se abre otra cuando la Legislatura debata si habilita o no el tratamiento de la reforma Constitucional que propone el Ejecutivo.
La reforma no prosperará, lo que descarta la posibilidad de reelección para Lifschitz, dato central porque aporta certidumbre a todo el universo político santafesino y en función del cual cada uno elaborará su estrategia. No era lo mismo con Lifschitz candidato a gobernador que encabezando la lista de diputados provinciales.
La nueva etapa demanda definiciones a jefes comunales y legisladores, en particular radicales que hasta ahora jugaron a dos aguas entre el Frente Progresista y Cambiemos.
El escenario santafesino cambió notablemente en lo que va del año. Cambiemos se desplomó a causa del descontrol económico, falta de resultados, promesas incumplidas y medidas que lo ponen en contradicción con parte de su base electoral, pasando de ser los campeones del federalismo a un DNU para apropiarse del Fondo Sojero y bastardeando a la universidad pública con ofertas salariales irrisorias.
Aun cuando se autojustifique en la crisis y la herencia recibida, en la provincia suma el problema de la falta de un candidato potente propio. El radical José Corral, intendente de Santa Fe, sigue siendo lo más competitivo dentro de lo que tiene, pero entre su partido que en gran mayoría, al menos hoy, se queda en el Frente Progresista, y la desconfianza del PRO provincial, su proyección tendrá que sortear dificultades.
Para jefes comunales radicales y legisladores (no pocos tenían las valijas listas para irse del Frente después de las elecciones de 2017 y en mayo pasado las volvieron a desarmar) deberán elegir entre un gobierno provincial que llega a final de mandato en condiciones de pelear la permanencia y espalda económica; o por un Cambiemos con candidatos locales que arrancan en segunda línea y un escenario nacional excesivamente complejo. Las fortalezas son que se mantiene la unidad política de la alianza gobernante y el desfile de funcionarios kirchneristas ante la Justicia; mientras que las debilidades se acentúan en la imposibilidad de ofrecer un futuro que tenga algo más que malas noticias económicas, recesión, desocupación y ajuste permanente.
Así las cosas, la foto de hoy en Santa Fe proyecta una polarización entre el justicialismo y el oficialismo. Y si esto se diese, los votos que estarán en disputa son los que en anteriores elecciones conquistó el PRO. Muchos de esos votantes necesita recuperarlos el Frente Progresista, porque sólo así romperá el esquema de tres tercios (PJ, FPCyS y PRO) que en 2011 y 2015 le hizo sudar la gota gorda para retener la provincia.
