La discusión en torno a las alternativas de Argentina para alinearse con EE.UU. y dar entidad material a una serie de tratados, tal cual lo señaló la canciller Susana Malcorra, como también lo hizo el secretario de Comercio, Miguel Braun, quien explicó que está entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri que el país ingrese al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). dan sentido a la orientación del Gobierno en la materia.
La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) y TPP son los tres documentos sobre los que se asienta la estrategia de EE.UU., todas estas figuras que comienzan a tener entidad por medio de la presión que ejercen las grandes potencias y por la proclividad que muestran algunos gobiernos para encuadrarse en estos acuerdos con la intención de favorecer intereses específicos, vuelven una y otra vez, con mucha avidez, para reeditar el camino de la Argentina dependiente.
El reacomodamiento a la economía de la vieja política hegemónica pergeñada en 1944 por las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial en la Conferencia Monetaria y Financiera de Breton Woods (EUA), donde se instituyó el Fondo Monetario Internacional (FMI), dan sentido a las encendidas declaraciones de los funcionarios de la Alianza Cambiemos (UCR-PRO).
En aquel entonces -vale la pena hacer memoria- el gobierno argentino presidido por el presidente Juan D. Perón fue el único de Iberoamérica que no se adhirió a los compromisos de Breton Woods. Pero tras su derrocamiento en 1955, el régimen cívico militar que usurpó la primera magistratura de la república comandado por el general Pedro Eugenio Aramburu, por decreto 7756 del 26 de abril de 1956, hizo lugar a las recomendaciones del Dr, Raúl Prebich en los documentos denominados “Moneda sana o inflación incontenible” y «Plan de Restablecimiento Económico” y adhirió a la carta constitutiva del FMI, no sin antes, abolir mediante una proclama militar, la Constitución de 1949, que significaba un obstáculo legal para lograr este objetivo.
De esta manera se logró perfeccionar la herramienta jurídica que necesitaban desde el grupo político-económico que protagonizó el golpe para sus fines y someter a la Argentina a la dependencia.
El constitucionalista Arturo Sampay, que había oficiado de miembro informante en la redacción de la Constitución aprobada en 1949, advirtió que Argentina abandonaba la Constitución de un Estado independiente, para ingresar a la esfera de influencia del FMI, organismo que ejerció una gravitación creciente en la historia nacional y que trasciende hasta nuestros días.
El jurista, había manifestado que se daba entidad de esta manera a un moderno concepto de “imperialismo”, puesto que esta decisión generó “la dominación política y financiera que origina sumisión política”.
Dable es destacar que las reformas constitucionales de 1957 y 1994 no revirtieron el salto a la esfera del organismo financiero internacional, con el correr del tiempo el panorama fue exactamente el mismo. Porque ese proceso de dominación se perpetuó desde mediados del siglo XX.
El articulo 75 inciso 22 de la Constitución sancionada en 1994 durante la presidencia de Cárlos Ménem, con la aprobación de todos los partidos políticos (todos) que intervinieron, rejerarquizó los tratados internacionales otorgándoles “jerarquía superior a las leyes”de la Nación. Inadmisiblemente, entre ellos ocupa lugar de preeminencia aquel que un gobierno de facto aprobó (por sí y ante sí) por decreto ley 15970/56 adhiriendo al Fondo monetario Internacional.
En días, un nuevo contubernio que no puede ser sospechado de obrar con candidez, tomará el camino de un nuevo endeudamiento. Algo tiñe de inexplicable el acto, si de todas maneras el ministro de Hacienda estaba dispuesto a pagar a los fondos “Buitre”, más allá de la resolución del senado, cual era la imperiosa necesidad de dar por tierra con la ley Cerrojo y de Pago Soberano?
