La Justicia frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI dispuesto por el Gobierno
Un fallo federal suspendió parcialmente la resolución oficial que avanzaba sobre áreas técnicas y prestaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en medio del plan de ajuste impulsado por la administración nacional.
La Justicia federal dictó una medida cautelar que frenó parcialmente la resolución del Gobierno nacional que ordenaba el cierre de más de 600 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en todo el país. De esta manera, el fallo puso un límite temporal a la Resolución 42/2026, publicada en abril, mientras continúa la discusión judicial sobre la legalidad de la medida.
La decisión fue tomada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar parcialmente a la cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). En ese marco, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica que dependen del organismo estatal.
Asimismo, la resolución judicial suspendió el avance del cierre sobre distintas prestaciones técnicas y de asistencia industrial que brinda el INTI. Según había argumentado el Gobierno libertario, la iniciativa apuntaba a reducir costos y avanzar en una “simplificación administrativa”, en línea con el plan de reestructuración y ajuste conocido como “motosierra”.
Sin embargo, sectores gremiales y trabajadores del instituto habían advertido sobre el impacto que la medida podría generar tanto en los puestos laborales como en el funcionamiento operativo del organismo. Por ese motivo, impulsaron una presentación judicial que derivó en la cautelar.
En ese sentido, el fallo otorgó una protección provisoria a las áreas alcanzadas y ordenó mantener las funciones actuales mientras se resuelve la cuestión de fondo. Además, el tribunal exigió garantizar la continuidad laboral de los trabajadores involucrados.
“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Por último, el dirigente sindical remarcó que el cierre de servicios afectaría capacidades técnicas estratégicas vinculadas a controles de calidad, certificaciones y asistencia a pequeñas y medianas empresas. A su vez, advirtió que la decisión podría impactar en distintas actividades industriales que dependen de las prestaciones del organismo.
