Dos años sin Ley de Alquileres: “Todos los gastos que eran responsabilidad de los propietarios se trasladaron a los inquilinos”

A dos años de que el presidente Javier Milei derogara la Ley de Alquileres, los inquilinos rosarinos afrontan una situación compleja: no sólo aumentó la carga impositiva que recae sobre quienes rentan una vivienda –lo que disparó la morosidad en expensas y algunos servicios–, sino que el canon locativo sufre ajustes cada tres o cuatro meses, lo que hace que muchas familias hagan malabares para que cierren los números.

En diálogo con Conclusión, el sub director general de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Ariel D’Orazio, manifestó: “Con la derogación hubo una pérdida muy fuerte de derechos para los inquilinos. Cambió la distribución de los gastos dentro del contrato de locación y todo lo que era responsabilidad de los propietarios se trasladó hacia los inquilinos, como por ejemplo las expensas no habituales o el API, que es el impuesto que graba a la propiedad en la provincia de Santa Fe. Esto generó que se encarezcan los contratos y aumentó la velocidad de las actualizaciones del canon locativo”.

Y añadió: “Pasamos de una ley que tenía una actualización semestral a ajustes que hoy se pactan libremente. Esta libertad en el pacto hace que los alquileres aumenten cada tres o cuatro meses y se encarezca de manera sustancial el valor del canon locativo que pagan los inquilinos”.

D’Orazio apuntó que, derogada la Ley de Alquileres, no hay un plazo mínimo obligatorio para los contratos de alquiler, pero reconoció que la mayoría tiene una duración de dos años. “Hubo una carga económica importante, que genera mucha incertidumbre y problemas económicos para las personas que alquilan”, expresó.

El también coordinador del Consejo Asesor de Vivienda señaló que si bien puede haber aumentado la cantidad de inmuebles ofrecidos en alquiler, la demanda tuvo una caída: “Los estudiantes, en lugar de venir a Rosario, optan por hacer su carrera universitaria de forma virtual o a distancia. También vemos que quienes habían logrado independizarse, por la misma presión económica vuelven a la casa de sus padres. Hay un desmedro en torno a la calidad de vida y muchos se agrupan en una misma vivienda”.

“Vemos que muchas personas se endeudan para pagar el alquiler. A la Oficina vienen con deudas de expensas, servicios e impuestos, algunos con deudas en la obligación mensual, con dos o tres meses de atraso. También vemos consultas de garantes. Que haya más inmuebles ofrecidos no redundó en un beneficio, porque se resintieron otras cuestiones fundamentales que rompieron un equilibrio que existió históricamente, donde no existía una morosidad superior al 1% del total de los contratos, mientras que hoy estamos con un porcentaje mucho mayor. No solamente los inquilinos son perjudicados, sino también sus garantes y los pequeños propietarios que necesitan de la renta mensual para completar su economía”, expresó D’Orazio.

Asimismo, se hizo eco de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y observó: “El valor del alquiler y la incidencia en la canasta familiar fue muy superior a la inflación, y ni siquiera hablo de las paritarias, que es la herramienta con la que cuenta el trabajador para hacer frente al pago del alquiler mensual. El valor del alquiler duplicó a la inflación interanual, que fue del 31%”.

“Hay que retomar el diálogo para encontrarnos con una legislación. Muchos inquilinos hoy destinan más del 60% de sus ingresos al pago del alquiler”, alertó.

Por último, D’Orazio repasó los casos que llegan a la Oficina Municipal del Consumidor: “Se ven más resoluciones anticipadas de contratos al no poder cumplir con los aumentos, vemos gente que viene a reclamar por los intereses que les cobran ante su atraso o morosidad o garantes que consultan preocupados por la situación. Tratamos de acercar a las partes para resolver estas situaciones de la manera menos onerosa posible y evitar la judicialización. Hay que evidenciar que se necesita un nuevo marco regulatorio para bajar el nivel de conflictividad y restar la carga económica de los inquilinos”.