Sectores del campo que nuclean productores solicitaron a la Justicia de Entre Ríos que no dé lugar al amparo presentado por un ambientalistas en conjunto con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en función de un decreto reglamentario sobre las fumigaciones con agroquímicos.

Puntualmente el pedido fue realizado por la Mesa de Enlace, la Bolsa de Cereales y el centro de acopiadores de Entre Ríos, quienes se presentaron ante los tribunales de Paraná.

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Para comprender la trama hay que remontarse un año atrás, cuando un fallo judicial, entonces histórico, prohibió el uso de agrotóxicos a menos de 1000 y 3000 metros, de forma terrestre y aérea, respectivamente, de escuelas rurales.

Luego, en octubre pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, confirmó (en un fallo dividido) una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar agrotóxicos alrededor de la totalidad de las escuelas rurales de la provincia.

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Desde entidades sojeras argumentaron entonces que de aplicar esa medida se perderían unas 300.000 hectáreas de producción, algo equivalente a toda la siembra de trigo.

Los productores pidieron directamente la intervención del gobernador entrerriano Gustavo Bordet, que estableció por decreto las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.

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Anteriormente, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando que la medida inicial perjudicaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido consultados en el proceso decisorio.

El pasado 4 de febrero, ambientalistas y docentes volvieron a reclamar a Bordet, mediante un amparo para que se declare la nulidad del decreto.