Los salarios del sector público y privado registraron en marzo último una mejora del 5% respecto de febrero, pero se mantienen 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación de los últimos doce meses, según el informe difundido este lunes por el Indec.

Ese guarismo fue consecuencia de la suba en los salarios registrados de 5,2% y un aumento en los del sector privado no registrado de 4,3%.

El índice de Salarios mostró un crecimiento de 32,7% en los últimos 12 meses, por el alza del 31,6% del total registrado y de 37,3% del sector privado no registrado. Esa mejora se ubica por debajo de la inflación interanual, que en marzo pasado era del 42,6%, según el Indec.

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En el primer trimestre del año los salarios registrados del sector público y privado le ganan levemente a la inflación, ya la administración pública tuvo una mejora del 14,4% y los privados del 13,7%, frente a un alza de precios del 13% en el mismo período.

Los que más perdieron frente a la inflación entre enero y marzo fueron el sector de la economía informal, donde los trabajadores en negro vieron una mejora de solamente el 9,8%.

En los últimos doce meses los sueldos de los empleados del sector público registrado mejoraron un 31,8%, los privados un 31,5 y los sector en negro un 37,3%, todos por debajo de la inflación acumulada en el último año.

Densidad de la crisis

Estas variables explican lo que es hoy por hoy una de las peores facetas de la crisis económica, que llega incluso a dañar políticamente al gobierno hacia adentro de su coalición, en especial de cara a las elecciones legislativas.

Al inicio del año, varios integrantes del «gabinete económico» manifestaron la necesidad de que este año «los salarios le ganen a la inflación». El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, lo ratificó apenas unos días atrás, pero lo cierto es que es una realidad que hoy por hoy parece, al menos, de complicada materialización.

Analistas y consultores de distinto pelaje suelen atar la evolución de los salarios con la suerte (imagen positiva/negativa) electoral de los gobernantes. A esto se suma que desde el oficialismo no parecen encontrar siquiera una fórmula unificada revertir esta situación.

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Así como no se ha logrado determinar una política antiinflacionaria eficiente (más allá del siempre a mano control de precios, que en un contexto de desorden macroeconómico general, carece de efecto) tampoco se ha influido de manera que las negociaciones paritarias, sobre todo las que se desarrollan en el sector privado (empresas y sindicatos) recompongan el poder adquisitivo que la imparable escalada de precios refleja.

Esto se agrava aún más cuando lo que más aumenta desde hace muchos meses son los bienes de primera necesidad, como los alimentos, que impacta de lleno en las familias vulnerables. Y más aún si se tiene en cuenta que existe un fuerte control de cambios que evita disparadas del tipo de cambio del dólar y tarifas de servicios públicos que desde 2019 estuvieron congeladas, es decir, dos de los precios relativos más importantes no suman presión inflacionaria.

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Mientras tanto, si bien algunos números de actividad económica muestran una recuperación respecto a los peores meses de la cuarentena, lo cierto es que todavía no puede afirmarse que el país haya podido salir de la recesión (el peor resultado de la economía) en la que ingresó desde 2018.

Esto implica que las empresas, en su mayoría, tampoco están en condiciones óptimas de utilización de capacidad instalada, por más resoluciones que emita la Secretaría de Comercio Interior para pedir que produzcan «al tope de sus capacidades».

Se trata de un grave problema de oferta que se suma al cóctel crítico, y que pondera las dificultades para abordar lo que hoy por hoy es una falta integral de rumbo económico.