La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana para continuar evaluando medidas ante el cierre de exportaciones de maíz dispuesto por el Gobierno.

La falta de anuncios reflejaría en principio que aún no se pudo alcanzar un consenso entre las entidades del campo sobre el camino a seguir para hacer sentir su descontento. La reunión virtual se extendió por cuatro horas y continuará este martes desde las 17.

Los líderes de la Comisión de Enlace advirtieron que la suspensión de exportaciones de maíz es un «anuncio que se suma a un conjunto de políticas perjudiciales para el campo, implementadas a lo largo del año que acaba de concluir».

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En el encuentro participaron los presidentes de Confederaciones Rurales, Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria. «Hemos decidido un cuarto intermedio con el propósito de realizar las consultas internas en el seno de cada institución con el objeto de tomar una definición sobre las acciones a seguir», indicaron.

El 30 de diciembre último, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación suspendió temporalmente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el maíz. Se trata del cereal cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al primero de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña 2020-2021.

«Esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación», dijo la cartera agropecuaria. Se refirió básicamente a la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal «representa un componente significativo de sus costos de producción».

Hasta ahora se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019-2020, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas. Es decir que se ha cumplido con el 89% del mismo, sostuvo el Ministerio conducido por Luis Basterra.

Diversas asociaciones del agro salieron a cuestionar la medida y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se declaró en estado de alerta y movilización.