El Gobierno suspendió el decreto que desregulaba el practicaje y se levantó el paro portuario
El Ejecutivo acordó con los representantes del sector una reducción del 20% en las tarifas del servicio, suspendió la aplicación del Decreto 690/2026 y conformó una mesa de diálogo para revisar la reforma. La medida de fuerza mantenía paralizadas las operaciones de más de 150 buques.
El Gobierno nacional suspendió la aplicación del Decreto 690/2026, que desregulaba la actividad de practicaje y pilotaje en los puertos argentinos, y alcanzó un acuerdo con los representantes del sector para destrabar el conflicto que mantenía paralizada gran parte de la operatoria portuaria. El entendimiento incluye una reducción del 20% en las tarifas del servicio, la suspensión de la norma y el levantamiento inmediato del paro de los prácticos.
Según informó la Presidencia de la Nación, el acuerdo prevé la conformación de una mesa de trabajo integrada por representantes del Gobierno, las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, con el objetivo de revisar los principales puntos de la normativa y avanzar hacia una solución definitiva.
Mientras se desarrollan las negociaciones, los prácticos retomarán de inmediato sus tareas de asistencia a la navegación, permitiendo normalizar el ingreso y la salida de embarcaciones en los puertos del país.
El conflicto había comenzado tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Transformación y Desregulación con el objetivo de modernizar el régimen vigente desde 1991. La reforma eliminaba restricciones para el ingreso de nuevos prestadores, creaba un registro abierto de profesionales habilitados, permitía a los usuarios contratar libremente el servicio y modificaba distintos aspectos operativos del sistema.
Entre los cambios también figuraban la eliminación de la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, una mayor flexibilidad para el traslado de los profesionales y la ampliación de las excepciones para determinadas embarcaciones.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había defendido la iniciativa al sostener que buscaba reducir los costos logísticos y favorecer la competitividad del comercio exterior. «La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio», había afirmado al presentar la reforma.
Desde el sector de practicaje, sin embargo, cuestionaron la norma al advertir que podía afectar la seguridad de la navegación. El presidente de la Cámara de Practicaje y Pilotaje, John Ryan, sostuvo que el decreto vulneraba las condiciones de seguridad y recordó que el número de prácticos no estaba limitado desde 1991 y que las tarifas del servicio ya se encontraban reguladas por el Estado desde 2018.
La medida de fuerza, iniciada el 3 de agosto, dejó sin operar a más de 150 embarcaciones, algunas estimaciones elevaban la cifra a 185 y generó fuertes costos para el comercio exterior. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) estimaron que cada buque inmovilizado representaba pérdidas de entre 50.000 y 100.000 dólares por día.
Con la suspensión del decreto y el levantamiento del paro, el Gobierno busca normalizar la actividad portuaria mientras continúa la negociación con el sector para consensuar una nueva regulación del servicio.
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