El juez federal Sebastián Casanello rechazó una denuncia promovida contra el presidente Mauricio Macri por el dictado de decretos.
El juez tuvo en cuenta la opinión del fiscal federal Federico Delgado quien, si bien cuestionó la «legitimidad» de la reiterada utilización de las normas presidenciales, dictaminó que «no son ilegales» y pidió la desestimación de la denuncia por «inexistencia de delito».
La decisión benefició también a la vicepresidente Gabriela Michetti y al jefe de gabinete Marcos Peña, a quienes, por suscribir algunos de los decretos, los abogados de la Fundación Liga Argentina por
los Derechos Humanos Leonel Curutchagüe y Raúl Schnabel habían incluido en la denuncia.
Los letrados sostuvieron que Macri, Michetti y Peña cometieron el delito de «abuso de autoridad» y «sedición agravada» por «traición a la patria» y pidieron que se dictara una medida judicial que suspenda los decretos.
Los denunciantes indicaron en su escrito inicial que promovieron la acción penal para «resguardo de la paz social».
Delgado, en cambio, manifestó que con el dictado de decretos desde el 10 de diciembre último no se había cometido ningún delito.
«La práctica que se denuncia es legal, pero es más difícil de sostener que sea legítima», consignó Delgado en su dictamen previo a la decisión de Casanello, quien además negó a Curutchagüe y a Schnabel el rol de
querellantes.
«Frente a la solicitud del fiscal de desestimar el sumario por considerar que los hechos denunciados no constituyen delito, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso están satisfechos», expuso Casanello.
«Consecuentemente -agregó- me veo impedido de pronunciarme a favor de la continuidad del proceso, pues la ausencia de acusador determina inexorablemente su cierre».
Casanello consideró, además, que el análisis de excepcionalidad para que el Presidente pueda ejercer facultades legislativas no corresponde al fuero penal, sino que «es tarea de los jueces en lo contencioso administrativo».
Entre los decretos criticados en la denuncia figuran el 13/15, que dismimuye el presupuesto educativo, el 83/15 que postuló a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces «en comisión» para la Corte Suprema de la Nación y el 267/15, que disuelve a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales (AFSCA).
Curutchagüe y Schnabel habían criticado, además, el decreto 228/16, firmado por Michetti, que «declara la emergencia en materia de seguridad y posibilita el derribamiento de aviones ante la sospecha de comisión de delito».
