El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo declaró la incompetencia de la justicia porteña y envió el expediente a la Corte Suprema.

De esta manera, la medida adoptada por el tribunal deja sin efecto la cautelar planteada por padres y madres de alumnos contra el DNU de suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y ordena a la Ciudad que suspenda las clases presenciales hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina la cuestión de fondo.

El fallo, que lleva la firma del juez federal Esteban Furnari, anula la medida a favor de la presencialidad y que había sido avalada el domingo en una resolución por la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario porteña.

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Ayer, la Procuración del Tesoro de la Nación había pedido la inhibitoria de la justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto presencial que suspendía las clases presenciales por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires para mitigar la posibilidad de contagios de coronavirus ante un escenario de crecimiento exponencial de los casos.

El planteo de la Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini, fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, cuyo titular es el juez Furnari, quien hoy se expidió.

Con el fallo de Furnari quedan suspendidas las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con las medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno nacional en su DNU, hasta que la Corte Suprema de Justicia se exprese al respecto.

 

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Tras declararse competente para analizar la presentación de la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales en el distrito, la Corte anticipó que le dará un trámite acelerado al expediente para resolver la cuestión.

El fallo del domingo, a favor de la presencialidad en los colegios, generó el rechazo de los gremios docentes porteños, que convocaron ayer a un paro con alto acatamiento en las escuelas de gestión pública de la ciudad y actividad dispar en los establecimientos privados.

La disputa por la presencialidad se centró en el ámbito judicial tras un fallo de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario que el domingo avaló la vuelta a las aulas pese al decreto que ordenaba volver a la virtualidad en el AMBA frente a la exponencial suba de contagios de coronavirus.

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La resolución de los magistrados sostiene: «Admitir parcialmente la inhibitoria planteada por el ESTADO NACIONAL – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y, en consecuencia, con relación a las causas 108081/2021-0, 108437/2021-0 y 108441/2021-0 y sus incidentes, declarar la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires».

Además, dispuso «su remisión a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN por la vía originaria, haciéndose saber a la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y al Juzgado nº 1 de aquel fuero -según corresponda- que deberán instrumentar la remisión ordenada.