Por Luis Contigiani *
En la lógica del gobierno nacional de ser los últimos defensores del mundo de una economía abierta y concentrada «Made in OMC», los salarios pasan a ser simplemente «un costo de producción que hay que bajar para tener competitividad».
El presidente Macri ha expresado en reiteradas oportunidades que quiere un país integrado al mundo, para lo cual hay que dejar atrás las políticas proteccionistas que caracterizaron las etapas de gestiones anteriores. Esto explica el fuerte impulso que han tenido las importaciones en los últimos dos años y también el déficit comercial más grande de la historia, que se verificó en 2017.
Ahora bien, un punto importante a considerar es la relación de este tema con los salarios de los trabajadores. En el marco de una economía semicerrada, la lógica económica recomienda que los salarios sean lo más altos posible, ya que ayudan a activar la demanda de los productos dentro del país. En cambio, en el marco de una economía muy abierta al comercio internacional, los salarios -para los empresarios‑ pasan a ser componentes importantes de los costos de producción.
Esto explica que, cada vez que en la Argentina hay un gobierno que se plantea una política de apertura económica, esa acción tiene que ir acompañada de un disciplinamiento de la fuerza laboral. Lo hizo Menem en la década del 90 y lo está haciendo Macri en la actualidad. Si además el proceso de apertura de las importaciones es indiscriminado, como estamos viendo en estos momentos, la necesidad de ajustar a los trabajadores se hace más patente.
De otro modo, no podríamos entender la caída del poder adquisitivo del salario en los últimos dos años. Según datos del propio Ministerio de Trabajo de la Nación, en 2016 la pérdida global de la capacidad de compra de los empleados registrados desde noviembre de 2015 a la fecha fue del 4%. Para los ocupados con empleo en negro, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA‑CTA) estimó en su último informe, en base a datos del segundo trimestre 2017 de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que «la remuneración promedio de los asalariados no registrados había sufrido una caída que fue 60% superior a la del salario promedio de los registrados, en comparación con el mismo trimestre de 2015». Y agrega el documento que se trata en este caso de los trabajadores «con menores posibilidades para defender el poder adquisitivo de sus salarios».
Es en este contexto que hay que enmarcar la conflictividad gremial actual, las divisiones en la CGT y los proyectos que el gobierno envía al Congreso para el tratamiento de una reforma laboral, o que trata de filtrar a través de diversos decretos y resoluciones de manera unilateral y arbitraria.
Desde nuestro espacio político y legislativo trabajaremos para esclarecer esta situación e impulsaremos un programa de acción que preserve la dignidad de la gente, el desarrollo industrial, los trabajadores, la democratización económica a través del cooperativismo y el mutualismo, y una integración regional y mundial que responda a una visión estratégica de país y no solamente de un sector del poder económico.
* Diputado nacional Frente Progresista
