Privatización de rutas nacionales: 150 trabajadores de peajes fueron despedidos en Corrientes
La preocupación está vinculada con los cambios previstos para el funcionamiento de las estaciones. Según se indicó, los nuevos esquemas de concesión contemplan una mayor utilización de sistemas automatizados de cobro mediante código QR, lo que podría reducir la necesidad de personal en las cabinas y dejar sin reincorporación a los empleados cesanteados.
El proceso de privatización y relicitación de los corredores viales nacionales que lleva adelante el gobierno de Javier Milei pulverizó otros 150 puestos de trabajo.
En ese sentido, la administración de La Libertad Avanza (LLA) liquidó las indemnizaciones de todos los empleados de los peajes que trabajaban en las estaciones del corredor vial del Litoral.
La preocupación está vinculada con los cambios previstos para el funcionamiento de las estaciones. Según se indicó, los nuevos esquemas de concesión contemplan una mayor utilización de sistemas automatizados de cobro mediante código QR, lo que podría reducir la necesidad de personal en las cabinas y dejar sin reincorporación a los empleados cesanteados.
En la provincia de Corrientes, la medida alcanzó a los operarios que realizaban sus tareas en las estaciones del puente interprovincial General Belgrano, Riachuelo, Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12. Las indemnizaciones ya fueron liquidadas y los trabajadores permanecen a la espera de definiciones sobre su futuro laboral.
El proceso forma parte del avance del Gobierno nacional sobre la privatización de los corredores viales. La Etapa I comprende 741 kilómetros distribuidos entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, mientras continúan las etapas II-A y II-B, que abarcan miles de kilómetros adicionales en distintas rutas del país.
Mientras se definen las nuevas concesiones, los empleados afectados permanecen a la espera de conocer qué ocurrirá con su sustento de vida, mientras crece la incertidumbre sobre el conflicto salarial y laboral que atraviesan.
Los despidos aparecen como consecuencia del freno a la obra pública impulsado por la administración de Javier Milei, que eligió avanzar en una etapa de privatizaciones sobre los corredores viales y desmantelar los organismos que se encargaban del mantenimiento de las vías del país.
Esta política del Gobierno nacional trajo aparejado también el aumento preocupante de muertes por accidentes viales en el territorio argentino debido al deterioro constante de las rutas, e incluso algunas provincias empezaron a hacerse cargo de las tareas de cuidado y refacción ante el abandono de Nación, Santa Fe entre ellas.