Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

 

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó durante la tarde de este martes sus audiencias y escuchó la exposición de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y del exministro de Justicia, Germán Garavano, en el marco del proceso para someter a juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La comisión citó además para este martes a los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.

En declaraciones a la prensa, el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, anticipó: “Vamos a intentar cerrar con esto la investigación por el 2×1, para la semana próxima empezar con el tema de la obra social”. Asimismo, recordó que Garavano “fue ministro de justicia cuando se negoció este fallo” que benefició a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.

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En la convocatoria de este martes, la comisión citó a varios periodistas para que ratifiquen lo expresado en artículos sobre la secuencia que precedió al “fallo Muiña” (2×1) de la Corte, con el aval de tres de los cinco magistrados que en ese momento integraban el máximo tribunal.

Carlotto contra la Corte: “El fallo del 2×1 favoreció a los responsables de los crímenes más atroces”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo que el fallo Muiña que dispuso el 2×1 para represores “desnudó un profundo cinismo” por parte de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, al sostener que esa decisión “favoreció a los responsables de los crímenes más atroces”.

Durante la reunión, Carlotto leyó un escrito de varias páginas, en el que detalló varias decisiones de la Corte Suprema que afectaron a los organismos de derechos humanos, y dijo que su abogado respondería las preguntas de los diputados.

En el escrito, Carlotto relató que “en mayo de 2020, el ministro (Carlos) Rosenkrantz convocó a una reunión. Desde Abuelas decidimos no asistir; tan cierta fue nuestra sospecha, que luego de esa reunión no hubo ninguna medida o acción concreta”.

En tanto, la titular de Abuelas sostuvo que el fallo Muiña fue “un intento de golpe a la lucha de víctimas, familiares y organismos” y afirmó: “Todos recordamos lo que significaba, abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas, a los que estaban en cárcel común como a los que gozaban de domiciliaria”.

Tras su intervención, Carlotto dialogó con los medios, entre ellos Conclusión, y manifestó: “Estamos trayendo el mensaje de lo que queremos que pase, que es el juzgamiento a la justicia, que no es justicia sino todo lo contrario. Estamos en democracia y a nadie le conviene tener una justicia injusta o directamente nada, tenemos que hermanarnos, porque todos vivimos en un mismo país y las cosas malas nos pasan a todos”.

Garavano: un testimonio con respuestas esquivas

Al iniciar su declaración, el exministro de Justicia, Germán Garavano, manifestó: “No tengo con los jueces de la Corte una relación de amistad que afecte mi testimonio, pero sí sé de una circunstancia que tengo que poner en conocimiento de esta comisión, que es que por muchos de los hechos que fueron abordados en este tiempo, que incluyen los expedientes, he sido falsamente denunciado. Esto genera un problema con la Constitución Nacional y me pone en una situación difícil a la hora de prestar este testimonio. Incluso algunas de estas falsas denuncias fueron hechas por los miembros de esta Cámara y de esta comisión, a alguno de ellos lo convoqué a alguna audiencia de medición a la que no se presentó”.

“Me produce profundo pesar y preocupación el desarrollo de este juicio político y es algo que también me afecta personalmente, por las instituciones de nuestro país. Estas cuestiones condicionan mi declaración, pero procuraré decir la verdad”, aseguró el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

Al ser consultado por el diputado Leopoldo Moreau sobre si hubo connivencia entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el direccionamiento o en la intromisión en causas judiciales –por ejemplo, a la hora de supuestas presiones a jueces para lograr determinados fallos– el testigo dijo que “es un proceso que está en trámite”, y pidió que en caso de ser necesaria su respuesta, la misma sea ordenada por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

Ante esta situación, Gaillard se dirigió a Garavano y le dijo: “Si usted cree que la respuesta que tiene que dar lo va a incriminar en las causas que tiene pendiente, es una decisión suya. Nosotros no lo vamos a obligar a responder ninguna pregunta que pueda auto incriminarlo”.

Al proseguir el interrogatorio, el testigo cuestionó el tratamiento recibido por parte de Moreau: “Me llama la atención, en mi carácter de testigo, el tono acusatorio de las preguntas del diputado que parecen de cargo más que consultar a un testigo sobre algo que conoce por su trabajo”.

Cuando el diputado le preguntó por una supuesta reunión con Leonardo Fariña, quien habría pedido a Garavano ventajas procesales, el testigo reconoció que este encuentro existió, pero manifestó: “Esto fue largamente investigado por la justicia, el fiscal Federico Delgado después de más de dos años de investigación, concluyó que esto no era así como usted lo plantea”.

En tanto, cuando el diputado Rodolfo Tailhade le preguntó por el caso Leopoldo Schiffrin, que obligaba a abandonar la Corte a los 75 años –al cual Garavano no apeló, se supone, como devolución de favor por el fallo Muiña– el testigo respondió: “Siempre había informe de estado de causa. Me enteré cuando salió el fallo. Nos ocasionó un problema a futuro muy fuerte, hubo que enfrentar a jueces que estaban en una situación parecida, fue un trastorno hacia el sistema de justicia.

En otro tramo de su exposición Garavano también dijo que “mantenía reuniones formales con la Corte donde hablaba sobre el Presupuesto y alguna vez sobre (el Impuesto a las) Ganancias”, pero señaló que “no recuerda haber ido por el Consejo de la Magistratura”.

En relación a su relación con “Pepín” Rodríguez Simón, Garavano explicó: “Tuvimos discusiones sobre el proceso de designación de los jueces”. Así se refirió al decreto que el expresidente Mauricio Macri firmó en 2016, en donde nombró a Rosenkrantz y Rosatti, quienes luego de una fuerte polémica fueron ratificados por el Congreso.

Garavano intentó desligarse de esa decisión y destacó que luego “trabajó fuertemente para lograr la aprobación (de los pliegos) en el Senado”, donde se dio “un proceso democrático y participativo”.

Sobre el fallo Muiña, dijo que “más allá de que respeto la independencia del Poder Judicial no correspondía ni corresponde el 2×1 no solo en los casos de lesa humanidad, sino en delitos por violación o asesinato. Es una norma que yo critiqué siempre”. Pero aclaró que la decisión de la justicia “no se la podemos asignar a un Gobierno”.

Además, dijo que “disentía con muchas decisiones de la Corte, pero esa es la esencia de la democracia, ya que si cometieron algún delito o violaron la ley está muy bien que avance el juicio político, pero no por el contenido de sus fallos, eso no es parte de la democracia”.

Ampliarán pruebas sobre presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial

A poco de iniciada la reunión, la comisión –ante la propuesta del Frente de Todos– aprobó una ampliación de prueba sobre supuestas irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial, una de las causales incluidas en el proceso iniciado a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se desarrolla en la Cámara baja.

El pedido fue impulsado por el diputado Tailhade, quien solicitó que “se agregue al expediente la nota firmada por el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, publicada en el Centro de Información Judicial el 4 de abril de 2023”.

En el marco de la reunión que se desarrolló en la Cámara Baja, Tailhade dijo que esa nota “se refiere a la respuesta del directorio de la obra social a un traslado que le había corrido el tribunal respecto de distintas irregularidades advertidas en el informe de auditoría que se encargó oportunamente desde la Corte”.

En ese sentido, el legislador oficialista pidió que “a través de un oficio a la Corte se requiera copia certificada del informe al que hace referencia Lorenzetti”, más información anexa por parte de la Secretaría General de Administración de la Corte.

Por su parte, la diputada Vanesa Siley solicitó la citación a declaración testimonial de Aldo Tonón, quien fuera director de la obra social del Poder Judicial.

A su turno, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le sugirió a los diputados de la Coalición Cívica que aporten nombres de testigos para citar, ya que se trata de una de las causales que figura en el expediente, en base a un pedido de juicio político que presentó esa fuerza contra Lorenzetti.