Arroyo: «El Estado le debe a las personas con discapacidad, porque no cumplió con el nomenclador»
El legislador nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, cargó contra las contradicciones políticas en las que incurre el Ejecutivo nacional a la hora de considerar la realidad de sectores vulnerables de la sociedad.
El diputado nacional Daniel Arroyo analizó la situación de las personas con discapacidad y denuncio el incumplimiento del Estado en sus obligaciones y se focalizó en la falta de prestaciones y la incoherencia en las políticas públicas que representan una deuda moral y económica que debe ser saldada.
El legislador criticó con dureza la inacción y las decisiones contradictorias del Ejecutivo, calificándolas como un «experimento» con la vida de personas vulnerables, al tiempo que señaló el incumplimiento del nomenclador y la normativa internacional”.
Arroyo sostuvo a Conclusión que de esta manera el Estado generó una deuda con las personas con discapacidad que debe ser priorizada por encima de consideraciones presupuestarias”, para luego referir que “se rechaza la idea de analizar la atención a este colectivo como un “costo fiscal”, argumentando que estamos ante “una cuestión de justicia social y de humanidad”.
El Estado le debe a las personas con discapacidad el transporte, los medicamentos, la posibilidad de trabajo, el pago de los asistentes que acompañan a los afectados, esto no debe ser analizado como costo fiscal
Por otro lado, como contracara de lo que ocurre al colectivo afectado, destacó que existen contradicciones “entre la condonación de deudas a empresas y la falta de recursos para atender las necesidades de las personas con discapacidad, exponiendo una falta de coherencia en la gestión del presupuesto público”.
El accionar del Ejecutivo es errático y experimental, causa un daño significativo a este sector vulnerable, si se cruzan los números con la ampliaciones de partidas que tuvo a SIDE, ya estaría resuelto el problema, resolver es de pura justicia y humanidad y racionalidad económica
Por último, concluyó que no existe un “debate legítimo sobre la responsabilidad del Estado en este ámbito, ya que su obligación de atender y compensar a las personas con discapacidad, dado que “es un principio innegable”.