Trump y Putin: el autoritarismo contra la Corte Penal Internacional

Entre la geopolítica de las potencias y el riesgo de erosión de la justicia internacional: el Dr. Miguel Rodríguez Villafañe advierte sobre el peligro que enfrentan las investigaciones de la CPI y el compromiso jurídico que Argentina debe sostener.

El 17 de julio de 1998, ante la necesidad de contar con un tribunal permanente para juzgar crímenes de interés internacional, los Estados aprobaron el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. La Corte comenzó a funcionar en 2002, con el propósito de investigar y juzgar a personas acusadas de cometer los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional.

En este primer cuarto del siglo XXI, el tribunal atraviesa una grave crisis institucional. Sus decisiones han provocado reacciones de Rusia, Estados Unidos e Israel, cuyos gobiernos cuestionan su jurisdicción o impulsan medidas contra sus integrantes. El conflicto plantea una cuestión fundamental: ¿puede la justicia internacional actuar con independencia cuando sus investigaciones alcanzan a dirigentes de Estados poderosos.

Defender la independencia de la justicia internacional

Las acciones de Trump y Putin obligan a examinar una cuestión decisiva: la independencia de la justicia internacional y la capacidad de los Estados para protegerla frente a los intereses de las grandes potencias.

La Comisión Europea también expresó su rechazo a las sanciones estadounidenses, que calificó de profundamente lamentables, y reafirmó su compromiso con la independencia de la Corte.

Defender la independencia judicial no significa únicamente proteger a los jueces, fiscales y funcionarios de la CPI. Significa, sobre todo, resguardar a las personas frente al abuso y la arbitrariedad de los poderosos. Cuando quienes ejercen el poder político o militar pueden sustraerse al control judicial mediante presiones económicas, sanciones o amenazas, se debilita el principio de igualdad ante la ley.

La justicia internacional solo puede cumplir su cometido si los Estados respetan las reglas que aceptaron y si sus integrantes pueden investigar sin sufrir represalias por sus decisiones.

Presiones sobre la Argentina

La ofensiva de Washington también alcanzó a la Argentina. El 12 de agosto de 2026, durante una reunión en Panamá de la denominada Coalición de las Américas contra los Cárteles, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, instó a los países aliados a retirarse de la CPI, a la que presentó como una amenaza para la soberanía nacional.

El planteo merece especial atención en un contexto en el que Estados Unidos busca evitar que sus propias acciones sean sometidas a escrutinio judicial internacional. Las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones sospechadas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico han sido objeto de cuestionamientos por sus consecuencias mortales y por la legalidad del uso de la fuerza.

Si se confirma que esas operaciones provocaron la muerte de personas sin un procedimiento judicial previo y sin que existieran condiciones legales para recurrir a la fuerza letal, podría plantearse una grave vulneración del derecho internacional. Las sospechas sobre la comisión de delitos no habilitan, por sí solas, ejecuciones sumarias en alta mar. La actuación estatal debe ajustarse a las normas aplicables y respetar las garantías fundamentales.

La Argentina firmó y ratificó el Estatuto de Roma

El Gobierno de Javier Milei mantiene una posición de respaldo a las medidas y presiones de Estados Unidos contra la CPI. Esa postura exige recordar que la Argentina asumió compromisos internacionales concretos.

Nuestro país firmó el Estatuto de Roma el 8 de enero de 1999. El Congreso lo aprobó mediante la Ley 25390 y la Argentina depositó su instrumento de ratificación el 16 de enero de 2001. Posteriormente, en 2006, se sancionó la Ley 26200, que implementó sus disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional y reguló la cooperación con la Corte.

Por lo tanto, el Gobierno argentino debe respetar los compromisos asumidos en el marco del Estatuto de Roma. Una eventual decisión de retirarse no puede confundirse con una simple declaración política: debe ajustarse al procedimiento de denuncia previsto en el propio tratado y a las exigencias constitucionales e institucionales que correspondan.

La cuestión de fondo es si la Argentina contribuirá a defender una justicia internacional independiente o acompañará las presiones de los Estados más poderosos para limitar su alcance. La respuesta compromete no solo la política exterior, sino también la coherencia del país con los principios del Estado de derecho y la igualdad ante la ley.

Miguel Rodríguez Villafañe es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (Aidic)