Ésta es la primera acusación formal contra un expresidente peruano (y su esposa Nadine Herrera) por el escándalo de la empresa constructora brasileña, empresa que reconoció que repartió decenas de millones de dólares en Perú en sobornos y donaciones ilegales de campaña.
Hacia el final de su último discurso de apertura de sesiones, la mandataria rosarina hizo hincapié en tres demandas puntuales sobre las que pretende que el cuerpo se expida, a la sombra de la campaña electoral que amenaza con paralizar “consensos”.
Fue en el marco de una serie de allanamientos por lavado de activos en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
El expresidente peruano entre 1985 y 1990 y 2006 y 2011 es investigado por lavado de activos y colusión.
Se trata de Aída Ayala, quien había sido eximida de prisión por la Cámara Federal de Resistencia. Los magistados decidieron mantener el fallo de la jueza de primera instancia que había pedido la prisión antes del desafuero.
Así lo informó el fiscal Matís Edery en relación a la investigación que motivó los allanamientos de la mañana e involucra maniobras de lavado de activo, venta de cereales en negro y una cadena de pensiones clandestinas.
Luego de que se publicaran versiones sobre la imputación del líder camionero y su hijo en una causa por lavado de dinero, su letrado, Daniel Llermanos, dijo que eran publicaciones "absurdas".
Así lo manifestó la diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña, y pidió que que sindicalismo "entienda el mensaje de toda la sociedad".
Fueron a 18 meses por sobornar al ex presidente Alejandro Toledo, para ganar una obra pública. Los cargos que se le implican son de colusión y lavado de activos.
El operativo conjunto de la Afip y la Policía Federal de Rosario comenzó en horas del mediodía y se extenderá durante todo el día. Según trascendió, se busca documentación por presuntos pagos de premios no documentados que ascenderían a 75 millones de dólares.
Según informó a la Justicia, "de las participaciones accionarias en las empresas" vinculadas al presidente"no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos".
Se verificó a unas 25 cooperativas que cumplieron solamente el rol de "emisores de la factura". El organismo certificó que quienes tuvieron el manejo de los fondos realizaron compras y gastos dentro de un circuito informal.