A partir del 17 de julio, el arma se comenzará a utilizar en Capital Federal, a pesar de la oposición de organismos de derechos humanos y la posición en contra de la ONU.
La presentación se realizará a las 7.45 en el Centro de Monitoreo Urbano situado en la calle Rodney 301, en el barrio porteño de Chacarita.
El diputado nacional de Cambiemos Alberto Aseff llamó a reflexionar al ministro de Seguridad de la Nación, porque "la seguridad se encuentra entre los principales reclamos de los ciudadanos", y se lamentó de que el Gobierno se haya desentendido "de utilizar las pistolas táser".
La iniciativa es producto de la polémica generada tras el episodio en el que terminó gravemente herido el cantante Chano. Ahora, el diputado Luis Petri pretende regular el uso de esas pistolas, por cuanto el protocolo de uso de armas de fuego y no letales fue derogado por el Gobierno actual.
El presidente de la Cámara baja, sostuvo además, que "usar Taser, tonfas o cualquier instrumento nuevo que ayude a incorporar tecnología contra el delito es una obligación".
Todo comenzó cuando se difundió el video realizado por transeúntes donde se puede ver a un hombre, Javier Ordóñez, estaba inmobilizado por dos policías, y recibía una sucesión de descargas eléctricas con un arma paralizante. De nada sirvió que la víctima les pidiera a viva voz "ya, por favor, no más.
Los legisladores cuestionan la resolución del Ministerio que deja sin efecto, entre otros, el protocolo de uso de armas de fuego y de las pistolas Taser.
El edil de Cambiemos venía pidiendo por la utilización de las armas de electrochoque, que días atrás fueron aprobadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación y que Pullaro ve con buenos ojos. Además, criticó al gobernador por la “falta de conducción política” de las fuerzas.
Las polémicas armas, que son consideradas por la ONU como un mecanismo de tortura serán destinadas al uso de las fuerzas de seguridad.
Recurrieron a la Corte Suprema para frenar el equipamiento de la Policía Metropolitana con pistolas de descargas eléctricas. Lo hizo el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) y la Defensoría General de la Ciudad.