La Junta Interna de ATE en el Indec difundió este viernes su informe mensual sobre el poder de compra de los salarios, en el marco de un análisis general del período noviembre 2015-diciembre 2020, y en una de sus definiciones señaló que «la inflación sigue siendo un problema irresoluto de los últimos gobiernos».

«La inflación acumulada del período noviembre 2015-diciembre 2020 fue del 458,8 por ciento y, la acumulada interanual, del 36,1 por ciento. La pérdida de poder adquisitivo del salario estatal para una categoría D 0 (rango de contratación medio bajo) respecto de noviembre de 2015 fue en diciembre último del 36,6», afirmó el informe.

Para los gremialistas del instituto oficial de estadísticas, la pérdida salarial global acumulada de un trabajador estatal de categoría D 0 de planta transitoria fue de 667.326 pesos entre noviembre de 2015 y diciembre de 2020 y de 421.572 pesos entre noviembre de 2015 y noviembre de 2019, etapa que correspondió con la gestión de Cambiemos.

En tanto, según el informe gremial, entre agosto de 2019 y diciembre de 2020, el deterioro fue de 149.218 pesos, período que estuvo atravesado por las consecuencias de la pandemia del Covid-19, con la paralización de actividades económicas y, como consecuencia de ello, la inyección de fondos adicionales por parte del Estado, como la Asistencia al Trabajo y la Producción y el Ingreso Familiar de Emergencia.

El informe de la Junta Interna de ATE Indec fue realizado por Fabio Peñalva, Raúl Llaneza y Marcela Almeida.

En una de las conclusiones advirtieron sobre «la suba del precio de los alimentos, sólo superado por la vestimenta y la recreación» y en ese sentido remarcaron lo «imprescindible» de implementar políticas de precios.

Por otro lado, el estudio advirtió sobre la situación estructural de los monotributistas, ya que «a la pérdida de poder adquisitivo se suma la no percepción de medios aguinaldos, el presentismo y las exiguas sumas fijas paliativas».

En materia del empleo público, el informe de ATE solicita «el pase a planta permanente del empleo precarizado y de los monotributistas que realizan tareas habituales y permanentes, y una urgente jerarquización de la actual plantilla permanente».

En relación a estas demandas, el Gobierno anunció a mediados de diciembre el plan integral de regularización del trabajo en el Estado, que tiene como objetivo la profesionalización del empleo público a través de la realización de concursos y promociones de manera digital, al igual que la regularización de la situación laboral de muchos trabajadores con modalidades de empleo transitorio, recordaron fuentes oficiales..

La iniciativa fue presentada por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y prevé que puedan concursar 29 mil empleados de la Administración Pública Nacional que llevan más de cinco años de antigüedad a través de procesos abiertos y transparentes.

Se calcula que entre 2021 y 2023 se realizarán alrededor de 23000 concursos.

En la presentación de estas iniciativas estuvieron presentes los dirigentes Andrés Rodríguez, por UPCN, y Hugo Godoy, por ATE.

«Este fue un año de un enorme esfuerzo fiscal por la pandemia, pero se pudieron garantizar los puestos de trabajo, el cobro integral del salario y las condiciones laborales, en el marco del trabajo remoto», informaron las fuentes..