Unas 200 personas con discapacidad, la mayoría menores, se quedaron sin transportes para realizar su rehabilitación, debido a la crisis económica en el sector.
A su vez, en un encuentro de representantes del rubro este sábado se lanzó un paro con movilización al Iapos de Rioja entre Balcarce y Moreno, el miércoles 30 a las 9. La medida de fuerza que realizarán es debido a las deudas en las prestaciones de las obras sociales, puntualmente del programa Incluir salud Santa Fe, el Pami nacional y el Iapos.
La situación económica en el sector derivó en que un 30% de transportistas hayan abandonado la actividad y unos 200 chicos no tengan transporte para dirigirse a espacios de rehabilitación, sostuvieron los transportistas. El reclamo es un aumento de aranceles.
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Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes) señaló: “Es necesario, para, poder sostener las prestaciones de transporte frente a los aumentos desmedidos que hemos sufrido en los últimos tiempos”.
“Es una situación que venimos padeciendo desde la pandemia, devaluaciones del gobierno anterior, situación que no se ha podido recomponer y revertir en los últimos años”, agregó el presidente de Atraes.
La situación del sector “es tan grave», que un 30 por ciento de transportistas “han tenido que abandonar la actividad por poder sostenerse” y “una enorme cantidad de beneficiarios, entre niños, jóvenes y adultos con discapacidad que no encuentran un servicio de transporte para asistir a sus lugares de rehabilitación”, lamentó Bolego.
En búsqueda de soluciones
En el marco de la situación del sector se llevó a cabo este sábado 26 de marzo un encuentro federal con organizaciones de todo país que atienden personas con discapacidad. Señalaron que el objetivo es la búsqueda de soluciones inmediatas frente al ajuste instalado desde el inicio de la pandemia por el INSSJP (Pami) y las obras sociales provinciales, tal es el caso de Iapos en la provincia de Santa Fe
Según denunciaron los principales referentes, “se trata de la aplicación de una política regresiva aplicada por estos organismos al no reconocer los módulos mensuales de servicios y abonar solo por día, en el caso de los transportistas y un arancel significativamente inferior al aprobado por la agencia nacional de discapacidad, órgano regulador de todo el sistema integral”.
Para Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, “el servicio de transporte resulta esencial para que los niños, jóvenes y adultos con discapacidad puedan asistir a los espacios en los que se educa, atiende su salud, habilitación, rehabilitación y reciban las demás prestaciones indicadas para su atención integral«.
Remarcó, además, que la suspensión del financiamiento de la prestación de transporte, por parte del Pami y las Obras Sociales Provinciales, afecta directamente la inclusión de las personas con discapacidad profundizando su aislamiento y segregación en clara violación con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
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En tanto, los representantes de transportistas de distintas provincias denuncian tener que sostener un servicio cautivo para beneficiarios de Pami, y ejemplifican, “si el paciente no asiste un día, dos o tres de los acordados, no podemos usar ese lugar para otros en nuestras unidades de traslado”, agregó Ramos.
En el caso de los prestadores transportistas de Santa Fe, Pablo Bolego, representante de Atraes Santa Fe y vicepresidente de la Federación Argentina de transportistas para personas con discapacidad, recordó que “las prestaciones moduladas de estos servicios fueron una conquista de los trabajadores y trabajadoras transportistas en el año 2015 que luego fue ratificada mediante resoluciones hoy vigentes y que Pami no respeta”.
Bolego, luego indicó que “es inaceptable que se desconozca cómo se hizo a partir de la pandemia, el módulo de servicio, esto provocó el peor de los escenarios que nosotros vaticinábamos”.
