Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires

El director del Banco Nación, Claudio Lozano, sostuvo que la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios que trascendió carece de aumento por inflación para que los beneficiarios no pierdan el poder de compra. Y señaló que se hace indispensable que «la actualización de haberes de los jubilados también debe ser medido teniendo en cuenta la inflación».

La ley de movilidad que el Gobierno enviará al Congreso ya cosecho distintos cuestionamientos. Si bien se arguye que sería parecida a la que se aplicó entre 2009 y 2017 en la que la movilidad quedó asociada a la evolución de los salarios y del sistema previsional, Lozano consideró que en «un contexto inflacionario, como tenemos, es imprescindibles incorporar la evolución de la inflación como parte de la fórmula, porque hoy no está contemplado».

«La inflación está en los salarios y en la recaudación pero no de manera plena y explicita. Por lo tanto, pedimos que se establezca que del mismo modo que en esta fórmula hay un tope que indica que no se puede superar más del 3% del incremento de la recaudación, asociado a la recaudación del sistema, la posibilidad del ajuste por inflación».

Esto revela, dijo Lozano, «que hay una estrategia dominantemente fiscal en la fórmula. Razón por la cual plantemos que se debe establecer una clausula piso, que diga que en el caso de que la fórmula no de o de por debajo de la evolución de los precios durante el periodo en discusión, así el aumento que recibirán los jubilados será equivalente a la evolución de los precios».

El objetivo, sería «preservar la actualización de los haberes jubilatorios de eventuales resultados de la fórmula que den por debajo de la inflación e implique un deterioro del poder adquisitivo», «ya que la canasta que un jubilado roza los 50 mil pesos. Por este motivo es imprescindible instituir una garantía para que no retroceda su capacidad adquisitiva»,  precisó Lozano.

La canasta que un jubilado roza los 50 mil pesos, por este motivo es imprescindible instituir una garantía para que no retroceda su capacidad adquisitiva

Consultado sobre las modificaciones que introdujo el ex titular del Indec, Jorge Todesca durante el apagón informático en el período macrista, del cual se desprende una estadística que permitió la reducción de los salarios reales 15% y que lleva a la continuidad de la reducción del mercado interno por caída salarial y de los 18 millones de beneficiarios de Anses, contestó que «en esa etapa el Indec revisó el índice de precios, porque en la etapa anterior hubo una intervención sobre el Indec que alteró de manera brutal el Índice de precios al consumidor porque no reflejaba la evolución real de los precios.

«Se podría revisar, y no estaría mal, es la potestad de las autoridades del Indec el como se construye el nuevo índice y ver en qué medida tendría la fidelidad que tiene que tener respecto a la evolución de los precios. La evaluación que realizó el Indec fue para terminar con la intervención nefasta que realizó Guillermo Moreno, que destruyó el sistema de estadísticas públicas», manifestó el economista.

Y hasta consideró oportuno que el Indec, «debería elaborar una canasta de bienes y servicios correspondiente a la realidad de los jubilados, porque no es igual la evolución de los precios de ellos con la del conjunto de la población, ya que cuenta con un conjunto de componentes bastante más complicados como los medicamentos», remató el especialista.

Respecto de la negociación con el FMI, Claudio Lozano, expresó que «lo primero que Argentina tendría que haber puesto sobre la mesa y lamentablemente no lo ha puesto es una investigación mucho más profunda de lo que paso con el acuerdo con el FMI, ya que es absolutamente nulo. Se violentaron todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales del país.

Lo primero que Argentina tendría que haber puesto sobre la mesa y lamentablemente no lo hizo, es una investigación mucho más profunda de lo que paso con el acuerdo con el FMI

«Esto está demostrado ante la Justicia, hay presentaciones que han llevado adelante la Coordinadora de Abogados por el Interés Público, donde se demuestra por la propia vía del Poder Judicial que no se han seguido los procedimientos correspondientes, porque el acuerdo se llevó a cabo sin que fuera avalado por el informe del Banco Central, lo propio con la Procuración General del Tesoro, y que no hubo ningún decreto habilitante por parte del presidente al ministro de Economía y al presidente del BCRA , para firmar la carta de intención  y al mismo tiempo, porque no había ningún impedimento para que el Ejecutivo Nacional pase por el Congreso».

Pero además, el economista, recordó que el «FMI, violó su propio estatuto, es decir presto a un país en situación  de fuga de capitales cuando lo tiene prohibido. Esto  posibilito un daño profundísimo, al recibir 44.900 millones de dólares en el mismo momento que se fugaban 36 mil millones de dólares», y agregó que «el FMI debe asumir parte del costo de la negociación y no poner condicionalidades a la Argentina, este es el marco en el que nosotros creemos que debe transitar la discusión».

Lozano previno, que se conoce al FMI en su políticas y critico la insistencia con la que el organismo internacional de crédito propone «reducir la inversión en el sistema previsional para que se reduzca el peso en el gasto público del país, hay que tener firmeza, y no permitirlo».

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