El Gobierno expresó su «profunda preocupación» por las violaciones de derechos humanos en Venezuela reseñadas en el nuevo informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, y afirmó que se debe «encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional» a través de elecciones en Venezuela.
«Señora presidenta, leímos con detenimiento el informe y las recomendaciones. Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela«, comenzó su intervención Federico Villegas, embajador argentino ante el organismo internacional en Ginebra, Suiza.
En tanto, sostuvo que «esta crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras, y por la pandemia del Covid-19, como ha reconocido la Alta Comisionada».
INESPERADO
Venezuela: Federico Villegas, embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, expresó "profunda preocupación" por violaciones a los Derechos Humanos y pidió elecciones libres. Q el régimen de Nicolás Maduro cumpla con las recomendaciones de la ONU pic.twitter.com/CH5njl5rIG— @????????????????????????????????????????????????????????a (@MariaLauraDeAca) July 15, 2020
«También coincidimos en que solo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela«, evaluó Villegas en su mensaje.
El embajador argentino afirmó que el país se hace «eco del reciente llamado de la Alta Comisionada en favor de una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos».
«Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles«, subrayó.
«Entendemos que no son el aislamiento, las sanciones ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección de este consejo», señaló el embajador.
Por último, indicó que la Argentina insta a Venezuela a «cooperar plenamente con este consejo y sus mecanismos, a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en su informe y a continuar implementando la cooperación con su oficina».
¿Qué dice el informe de la ONU?
En el informe, Bachelet pidió al régimen venezolano que «emprenda las reformas del poder judicial anunciadas en enero de 2020 con el fin de garantizar su imparcialidad, transparencia, accesibilidad y eficacia«.
Según el documento, la independencia del sistema judicial de Venezuela ha sido socavada, lo que contribuye a la impunidad y a la persistencia de las violaciones de los derechos humanos.
El informe de la ONU fue solicitado en septiembre pasado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, al que fue entregado este miércoles.
La alta comisionada de la ONU señala que la falta de independencia del sistema de justicia se debe a «la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales, la falta de transparencia en el proceso de su designación, las condiciones de trabajo precarias y la interferencia política».
El informe indica también que «las víctimas de violaciones de los derechos humanos enfrentan grandes obstáculos para acceder a la justicia, lo que redunda en su revictimización».
Bachelet observa que la fiscalía «ha hecho esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos imputables a los miembros de las fuerzas de seguridad», aunque, añade, «aún debe tomar medidas significativas para reducir los altos niveles de impunidad con respecto a la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad, a las denuncias de tortura y malos tratos y a la violencia de género».
Entre sus recomendaciones, insta a Venezuela a que establezca un mecanismo independiente e imparcial para nombrar jueces y fiscales a través de un proceso público transparente. También solicita la independencia e imparcialidad de los tribunales antiterroristas y el fin del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares.
Asimismo, pide «investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas».
Por último, solicita al cese «inmediato» de cualquier «intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia».
