Conclusión en Buenos Aires – Aldo Battisacco

Asociaciones de inquilinos exponen ante un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la discusión de la reforma a la ley de alquileres, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Los legisladores del oficialismo y de la oposición -en especial de Juntos por el Cambio- volvieron mantener fuertes cruces en la reunión de ayer.

Así, la segunda jornada de expositores comenzó con pedidos de los representantes de inquilinos para hallar una solución a la escasez de ofertas de inmuebles y negociaciones de parte de los legisladores oficialistas y opositores para la emisión de un dictamen.

De esta manera, se abrió la segunda ronda de 14 expositores en una audiencia en la que se aguardan definiciones sobre cómo continuará la discusión, y si se contará con los números necesarios para llegar el tema al recinto. Si bien, tanto oficialismo como oposición coincidieron en la intención de acelerar la emisión de dictamen, subyacen criterios distintos.

Mientras la oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados, y convertirla en ley en la próxima sesión; el oficialismo quiere introducirle modificaciones, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.

El primero en exponer este jueves fue, Juan Arrizabalaga, de Inquilinos Tandil, quien dialogó con Conclusión y ratificó sus consideraciones con los senadores, «hay 10 millones de inquilinos en le país que están en una situación crítica ante un nuevo ataque del lobby inmobiliario que permea a una parte de la clase política argentina», y afirmó que la reforma aprobada por Diputados «es pro mercado y pro rentistas».

“Lo que va a generar es que en vez de en seis años de firmar dos contratos, vas a firmar tres, generando más costos inmobiliarios que los paga la parte inquilina. Y si vamos a diez años, es tres contratos contra cinco. Ya se imaginan la multiplicación de costos que van a tener los inquilinos”, expresó Juan Arrizabalaga,

Para el referente de los inquilinos, la reforma no solo incluye la duración de los contratos sino que el valor de los alquileres se actualizará cada cuatro meses. “Pasar de un ajuste anual a un ajuste cuatrimestral o cualquier otro ajuste menor, va a multiplicar los precios porque son acumulativos”.

Además, denunció que se multiplicaron los abusos de las inmobiliarias luego de la media sanción de la Cámara baja a pesar de que la ley en debate aún está vigente. “¿Qué modificaciones está discutiendo el Congreso cuando en realidad el Estado no hace cumplir la ley, no obliga a la registración de los contratos? Cuando la gente tiene un problema, todos los días nos llegan reclamos de inmobiliarias que ya hicieron firmar por un año”.

Sobre el cierre, les habló directamente a los senadores y las senadoras presentes: «No crean que les dieron un cheque en blanco para avanzar sobre los intereses más sensibles del pueblo argentino. Tenemos que dejar bien clara la posición: no es momento de compromisos de ningún tipo, legisladores y legisladoras del peronismo, sino de pararse donde hay que pararse. Es momento de defender a los que hay que defender», marcó y pidió que el Poder Ejecutivo haga cumplir la ley ya reglamentada.

León Bilansky, de la asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), declaró que la actividad comercial próspera aporta valor inmobiliario y desarrollo local y ponderó el rol en la economía del sector que representa. «Los que abrimos los comercios todos los días y contratamos trabajadores y pagamos nuestros impuestos», dijo.

También planteó que los contratos de alquiler para los comercios de barrio debería ser de cinco años porque el recupero de la inversión del negocio recién se ve a los dos años. “Habría que pensar algún tipo de extensión hasta cinco años acordada previamente que nos permita recuperar lo invertido y cuando el negocio esté empezando a madurar, empezar a recuperar o generar la rentabilidad o captar esa rentabilidad que nosotros esperamos”.

Bilanski, se encargó de aclarar que el trabajo de los comerciantes de barrio es “invertir, dar empleo y tratar de generar nuestra actividad en paz”.

“No vemos a los propietarios como enemigos, pero sin reglas claras, cada uno puja por sus intereses, perturbando muchas veces la dinámica natural de lo que debería ser el comercio de barrio. Un actor de desarrollo en la Argentina. Somos el 33% de las empresas, los comerciantes en la Argentina”, insistió.

Maximiliano Vittar del Movimiento Inquilinos Córdoba, expresó a los legisladores que «en la Cámara de Diputados estuvimos tres semanas discutiendo y esas propuestas y planteos no fueron tomados en el proyecto que trae media sanción. Ni siquiera la prohibición de que se publiquen alquileres en dólares. El fundamento de esta media sanción es porque, supuestamente, están preocupados por los inquilinos. Y la verdad, yo no encuentro beneficios para nosotros».

En la misma línea, sugirió que «esta posibilidad de adelantar alquileres, cuando ese planteo fuera una lógica de decisión propia… ¿Qué estuvieron escuchando en las tres semanas que estuvimos debatiendo en Diputados? Abrir esa puerta deja como solución que nosotros vayamos a tener una especie de subasta y ver qué inquilino puede pagar o adelantar más para tener una vivienda«.

Sobre lo mismo abundó Vittar,  que el desarrollo inmobiliario -desde el 2001 a esta parte- no ha sido menor y se construyeron más de 4 millones de viviendas, pero los alquileres no han disminuido su valor y «estamos en la misma proporción de propietarios» que en los años setenta (65%).

«La discusión de fondo que venimos a plantear es el rol del Estado. La primera victoria del mercado inmobiliario es que nosotros, ante esta crisis habitacional, estamos discutiendo la ley de alquileres y no una discusión integral de cómo se puede acompañar esta circunstancia. Y la segunda es que estamos discutiendo el acceso a la vivienda en Argentina con una lógica de mercado, cuando tiene que ser un derecho constitucional que debe garantizarse desde el Estado«.

«Tenemos que empezar a discutir y pensar el objetivo de esta modificación. También entrar en una discusión: este rol del Estado, que tiene que estar presente para generar incentivos fiscales -que también somos los inquilinos, que aportamos con los impuestos-, generar construcción de viviendas y etcétera, también las afrontamos nosotros. ¿La respuesta es que nos expulsen de las ciudad o en su defecto que cada modificación no termine siendo que exista una regulación para pagar menos alquiler? Se plantea, desde el mercado inmobiliario, que esté el Estado para garantizar mayor rentabilidad pero no para regular los precios de los alquileres o garantizar los derechos de los inquilinos, ¿cómo es esa doble vara?», lanzó.

Luna Miguens, del CELS, consideró que lo que no puede suceder en este debate de reforma de la ley de alquileres es que se instale la idea de que «los inquilinos se perjudicaron por sus propias conquistas y que entonces hay que volver para atrás, eso es lo que no puede pasar».

En la primera audiencia de ayer, en la que se escucharon testimonios de 18 representantes de cámaras inmobiliarias, legisladores del oficialismo y de la oposición -en especial de Juntos por el Cambio- volvieron mantener fuertes cruces por sus diferencias políticas, si bien coincidieron en la intención de acelerar la emisión de dictamen, aunque con criterios distintos.

Mientras la oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados, y convertirla en ley en la próxima sesión, el oficialismo quiere introducirle modificaciones, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.