Las Cámaras de Diputados y Senadores de Santa Fe realizaron una sesión conjunta durante la tarde de este jueves, donde dejaron en suspenso el proceso sancionatorio contra el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y determinaron el legislador radical Fabián Bastía será quien apele el fallo judicial que impedía que la Legislatura provincial tome decisiones sobre el cargo del ex funcionario.
En un primer momento, los diputados y senadores santafesinos tenían previsto realizar esta sesión para discutir la suspensión por 180 días a Sain, quien actualmente –y tras dejar de ser el ministro de Seguridad- es el director del Órgano de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Sin embargo, durante la tarde del miércoles se conoció un fallo dictado por la jueza Paula Calace Vigo, donde se daba lugar a un recurso presentado por Sain y se ordenaba a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial que se abstenga de sancionar al ex funcionario.
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Ante esta decisión judicial, los legisladores santafesinos optaron por reunirse de todas formas y designaron al diputado del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), Fabián Bastía –quien es presidente de la Comisión de Acuerdos- como encargado de apelar la decisión de la jueza Calace Vigo.
La designación de Bastía para esta tarea fue aprobada con 48 votos positivos (13 senadores y 35 diputados) y 11 negativos (5 senadores y 6 diputados).
Los legisladores también resolvieron –con 45 votos a favor (11 senadores y 34 diputados) y 14 en contra (5 senadores y 9 diputados)- dejar sin resolución la sanción a Sain hasta que avancen la apelación al fallo de Calace Vigo.
Cabe destacar que ambas mociones aprobadas este jueves fueron presentadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, quien argumentó que en el fallo de Calace Vigo hay “fallas procedimentales y de competencia que excede al mero fuero laboral de primera instancia”.
El amparo al que dio lugar este fallo había sido solicitado la semana anterior por el propio Sain, a quien los legisladores pretendían suspender de su cargo como director del Organismo de Investigaciones (una suerte de policía judicial) por 180 días y con la reducción del 50% de su salario.
Cabe destacar que desde noviembre de 2018 Sain se desempeñaba en el Organismo de Investigación, cargo del que tomó licencia en diciembre de 2019 al asumir como ministro de Seguridad y, tras renunciar a este puesto el pasado 19 de marzo, pidió reincorporarse nuevamente al OI.
Los cargos esgrimidos contra Sain para suspenderlo de su cargo, formulados por el fiscal regional Carlos Arietti y 27 diputados de la oposición luego de su renuncia a Seguridad, son cuatro: hacinamiento de presos en las comisarías; presuntas irregularidades en una licitación de armas; dichos “infamantes y difamatorios” e investigaciones penales preparatorias en su contra.
En el planteo de amparo, Sain señaló que las denuncias en su contra se referían a su función como ministro del Poder Ejecutivo, mientras que la sanción que pretende la comisión de Acuerdos recae sobre su cargo obtenido por concurso en 2018 en el OI, que depende del Ministerio Público de la Acusación.
Por esos mismos hechos la Legislatura inició un juicio político al funcionario, pero fue archivado porque tras su renuncia en marzo pasado porque “devino abstracto”.
Además, el fallo de la jueza Calace Vigo tomó en consideración un decreto emitido el martes último por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, donde se dispuso que se dé lugar a la acción de amparo interpuesta por Saín y se explicaba: “El juzgamiento disciplinario a un funcionario público por hechos cometidos en el ejercicio de una función política, y en uso de licencia en el organismo de origen, afectan derechos subjetivos tutelados por el ordenamiento jurídico”.
La diputada del Frente Progresista, Lionella Cattalini, consideró tras la reunión de este jueves de la comisión de Acuerdos que “Perotti, es el responsable de haber generado una crisis institucional sin precedentes en la provincia”.
“Es inconcebible que la Justicia falle a partir de una decisión inconstitucional del gobernador, que va en contra del funcionamiento de los poderes del Estado, provocando un conflicto sin precedentes”, abundó la legisladora socialista.
