Docentes de la UNR realizarán un paro de una semana: denuncian una pérdida de poder adquisitivo del 44%
Coad definió si realiza una huelga entre el 11 y el 15 de agosto. Mientras tanto, el gremio denunció que los docentes universitarios pasan cada vez menos tiempo con sus familias, que debieron ajustar gran parte de sus gastos y que cada vez se les complica más acceder a capacitaciones.
Coad, el gremio que nuclea a docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), se encamina a realizar un paro de actividades de una semana. La medida de fuerza se concretará entre el lunes 11 y el viernes 15 de agosto, en reclamo de una apertura de paritarias que recomponga el salario de los trabajadores.
“Con Milei en el Gobierno se profundizó drásticamente el deterioro de los salarios de las personas que trabajan en la Universidad. Las estrategias para llegar a fin de mes repercuten negativamente en las condiciones de vida y en la calidad académica. La mayoría de la docencia se identifica con el cansancio, la preocupación y la angustia”, expresaron desde Coad, en un comunicado.
Este viernes 1 de agosto, a las 12.30, habrá un congreso de delegados en la sede de Coad, ubicada en Tucumán al 2254, para definir los pasos a seguir. La huelga de una semana fue resuelta por el plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y próximamente será propuesta al Frente Sindical de las Universidades Nacionales (que incluye a las demás federaciones docentes, no docentes y a la Federación Universitaria Argentina). Por su parte, la Conadu Histórica realizará su congreso nacional el próximo martes 5 de agosto.
“Hoy los docentes universitarias necesitamos un aumento del 44% para igualar el nivel salarial que teníamos en noviembre de 2023. A contramano de eso, durante 2025 hemos percibido magros incrementos, muy por debajo de la inflación. Los últimos dos meses, directamente, no hemos recibido ningún tipo de recomposición salarial”, alertaron desde Coad.
Y añadieron: “Esta política salarial, sumada al ajuste presupuestario y al ataque a la ciencia y la investigación, redundan en un vaciamiento de las universidades nacionales. A la precarización de nuestras condiciones de vida, de trabajo y de estudio, se suma el éxodo de docentes, investigadores y estudiantes, que se ven obligados a abandonar la universidad pública”.
El impacto de la motosierra
El gremio también mencionó que durante junio el Frente de Asociaciones de Base (FAB) de la Conadu impulsó una consulta federal para conocer cómo afecta a los trabajadores el ajuste. Del relevamiento participaron treinta universidades nacionales, cuyos docentes comentaron cómo los afectó la reducción del poder adquisitivo de su salario, el deterioro de los servicios públicos y la degradación o eliminación de las políticas estatales que garantizan derechos.
“Una de las situaciones que se repite es la búsqueda de nuevos ingresos a partir de sumar horas de trabajo dentro o fuera de la docencia. La consulta da cuenta de que el 66% buscó nuevos empleos: el 29% dentro de la docencia y el 22% por fuera de ella. La mayor parte de los trabajadores tuvo que recortar drásticamente en actividades sociales y de ocio”, explicaron desde Coad, en base al relevamiento de la FAB.
Y añadieron: “Nueve de cada diez docentes cambió sus hábitos o redujo sus actividades conforme tomaba más trabajo o veía reducir sus ingresos, o ambas situaciones. Otro de los fenómenos que se extiende es el incremento extraordinario en el endeudamiento de nuestros hogares”.
También se observó que un 79% de los docentes universitarios recortó sus gastos en indumentaria, el 70% restringió el equipamiento o reparación de sus viviendas, un 40% redujo los gastos en alimentación y un 22% en cuidados de salud.
Asimismo, un 58% de los educadores limitó sus intervenciones o participación en congresos, un 42% recortó su formación académica de posgrado o similares, un 28% ajustó en sus tareas de investigación, un 25% en compra de materiales didácticos y un 15% en tareas de extensión universitaria.
El 39% de los encuestados declaró que tiene menos tiempo disponible para su familia y el 15% cree que “la calidad de los cuidados se vio afectada”.