La paritaria que involucra a los choferes del transporte urbano de pasajeros, agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y a los integrantes de la Federación Argentina de Transportadores de Pasajeros (Fatap) tuvo este lunes un nuevo capítulo.
El Ministerio de Trabajo prorrogó la conciliación obligatoria por diez días, por lo que no habrá paro de transporte, al menos por ese plazo.
La UTA había dispuesto un paro la semana pasada que quedó sin efecto por el dictado de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación mientras que la Fatap expuso en un comunicado este domingo que “sin acciones concretas y eficaces de las autoridades responsables de garantizar la regularidad y continuidad de los servicios, el esfuerzo será en vano”.
>>Te puede interesar: Colectiveros y empresarios, sin acuerdo salarial: la UTA amenaza con parar el próximo martes
El paro había sido anunciado por la UTA, que reclama «una recomposición salarial urgente» para los choferes, el 22 de mayo pasado luego de no haber llegado a un acuerdo durante una reunión anterior en el Ministerio de Transporte con cámaras empresarias.
En ese momento, el gremio conducido por Roberto Fernández habría advertido que si este lunes no había acuerdo entre ambas partes, este martes habrá paro por 24 horas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el interior del país, por lo que la expectativa se mantenía de UTA en cuanto a la nueva resolución del Ministerio de Trabajo.
Además, los empresarios del sector dejaron en claro que tienen la “imposibilidad de acordar la recomposición salarial reclamada por la representación sindical de los trabajadores» y que el reclamo de los trabajadores es legítimo.
“El transporte de pasajeros urbano y suburbano del interior del país se presta hoy merced a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el marco del conflicto originado por la imposibilidad de acordar la recomposición salarial reclamada por la representación sindical de los trabajadores”, advirtió más adelante la Fatap.
Por ello, subrayaron que «a pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellos establecidas. Los convenios suscriptos entre provincias y Nación tampoco se respetan, porque las provincias no cumplen con su obligación de garantizar la sustentabilidad del sistema y porque el Estado Nacional fija los aportes al Fondo Compensador al Transporte del Interior (incumpliendo normas preexistentes) ignorando el grave proceso inflacionario vigente, omitiendo los ajustes necesarios y distribuyendo los fondos tardía y arbitrariamente (en algunas jurisdicciones no se han cancelado aún períodos del año 2022), sin criterios objetivos verificables”.
