La Justicia de Estados Unidos dejó firme este viernes el fallo por la expropiación de YPF, que obligaría a la Argentina a desembolsar una suma multimillonaria al fondo de inversión Burford. El fallo será apelado por el gobierno argentino, en un intento por mitigar el impacto de su alcance.
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, dispuso que Argentina deberá pagar 16.099 millones de dólares por la expropiación del 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la petrolera española Repsol y al grupo Eskenazi. La decisión fue tomada el 16 de abril del 2012, por la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y su ministro de Economía, Axel Kicillof.
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En este sentido, la ahora vicepresidenta Cristina Kirchner acusó a los fondos buitres de “sobornar” a jueces para que emitan fallos a su favor.
Una semana después de dar a conocer su resolución, la jueza Preska publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF.
La Argentina pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares. La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.
El gobierno argentino quería que la jueza Preska indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación. De esa forma, la compensación sería desde ese día.
Además, el país buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar (desde 2012, cuando se expropió, a 2023) fuera del 0%. Eso daría cerca de US$ 5.000 millones.
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El fondo Burford consideraba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.
Los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque a US$ 16.000 millones, lo que finalmente decidió la jueza.
Argentina reservó su derecho de apelar
La Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos de trabajar sobre de monto de la fórmula determinado en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.
Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en un carta enviada a la jueza Preska.
“La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación”, aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.
La misiva es en realidad una respuesta a una carta enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país “de negarse a conferir de buena fe con los demandantes para preparar un presentación conjunta”, afirmó el abogado litigante Dereck Ho.
El pasado 8 de septiembre, apenas se conoció el fallo en contra del país sobre la fórmula para calcular el monto de la sentencia emitida en marzo de 2023, el Gobierno nacional anunció que iba a apelar “inmediatamente”.
El estudio de abogados Sullivan & Cromwell manifestó “su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito” de Nueva York, y ratificó “la intención de apelar la sentencia”.
