Días atrás, la Cámara de Diputados de Santa Fe le dio media sanción a un proyecto impulsado por el legislador Fabián Palo Oliver, el cual apunta a que la obra social IAPOS actualice sus pagos a quienes brindan servicios a personas con discapacidad. Ahora, quienes trabajan en este sector apuntan a que el Senado provincial convierta en ley la iniciativa.
Los sectores que trabajan con personas con discapacidad denuncian desde hace tiempo que IAPOS paga menos aranceles que el nomenclador nacional, por lo que las instituciones vienen bregando por su equiparación en virtud de que no se decaiga el servicio.
Unas 20.000 personas trabajan en instituciones de todo el territorio provincial, mientras que los ingresos de la obra social santafesina se tornan indispensables para mantener y mejorar la ingeniería de servicios para un sector social tan sensible como la discapacidad.
En este sentido, la presidenta de la Asociación Provincia de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero, indicó: “En conjunto con otras organizaciones provinciales y colegios profesionales celebramos enormemente la votación que se produjo recientemente ya que tiene por objetivo garantizar que el IAPOS cubra las prestaciones de personas con discapacidad”.
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Y agregó: “Puntualmente esta ley lo que dice es que la obra social respete el nomenclador establecido por ley nacional y esta media sanción es un gran avance. Ahora, esperamos que el Senado lo trate a la brevedad y de forma favorable”.
Por su parte, el diputado Oliver recordó que el Estado está incumpliendo tanto en el monto como en los plazos estipulados por la ley 24.901, a la que Santa Fe se encuentra adherida.
“El Estado santafesino está adherido a esta norma y en el 2000 se firmó un convenio entre el gobierno de (Carlos) Reutemann y Nación para establecer un sistema integral de protección. Incluso su cláusula ‘Z’ dispuso que esta Legislatura brinde las condiciones para que se pueda aplicar”, agregó Oliver.
Por lo pronto, la obra social de los trabajadores públicos “paga un monto muy por debajo a lo establecido para el servicio de atención y el traslado de las personas con discapacidad”, recordaron desde Apridis por eso todas las instituciones están muy pendiente de la aprobación definitiva del proyecto y su posterior reglamentación
