El bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió este martes emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de blanqueo, denominado «Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado», con el objetivo de aprobar la iniciativa en una sesión especial que se podría llevar a cabo en la segunda semana de septiembre.
En la reunión, el oficialismo pudo formalizar la presentación del despacho, ya que intentó hacerlo el miércoles pasado, pero Juntos por el Cambio se opuso al explicar que la misma era de carácter informativo, y que, por lo tanto, no estaba habilitada dicha instancia.
En el marco de funcionamiento de la Comisión, Heller explicó que «según la información publicada hay unos 430.000 millones de dólares no declarados en el exterior, aunque esos datos nunca son exactos. Esa información indica que el destino principal son los Estados Unidos, sujetos que no han cumplido con la ley».
Es decir, puso de relieve que existían algunos bancos que promocionaban sus servicios y «su mayor merito era la promesa de opacidad, así se vendían, se vanagloriaban de eso. Decían, ‘garantizamos tantos mecanismos de opacidad, que nunca se lo van a descubrir’, al dinero.
«Se daba algo en el estado de Delaware, donde proponían, «Si tiene para traer, tráigalo, no nos importa de donde la sacó, pero se lo vamos a proteger», lamentó.
El legislador porteño, destacó además que «haber abierto esta posibilidad de cambio de información con Estados Unidos va a posibilitar que los que quieran declarar lo hagan; y en el caso de los que no entren, que el Estado pueda actuar, en una acción que debe ir más allá del partido político, o de ser oposición u oficialismo».
El legislador del Frente de Todos, bregó porque «esta legislación aminore -la fuga- para llevarla a estándares internacionales».
«Este proyecto está hecho con una perspectiva de Nación, que tendrá vigencia de Nación y quien gobierne, la continuidad del actual gobierno u otra fuerza, va a poder utilizarlo. Hay que verlo como un proyecto que hace al interés nacional», cerró.
Por su parte, su compañero de bloque, Marcelo Casaretto, sintetizó: «Nos encontramos con una deuda externa importante, acumulada a lo largo de los años, que en paralelo cuando en muchos períodos de la historia argentina creció, también lo hicieron los activos de los argentinos en el exterior».
En nombre de Juntos por el Cambio, la única oradora fue la santafesina Germana Figueroa Casas (PRO), quien expuso: «Para que un blanqueo tenga éxito tienen que darse condiciones: generar confianza, no en un gobierno que está terminando, donde la economía está complicada, no se hace una reforma tributaria ni se modifica el acceso al mercado de cambio».
«Ninguna de estas condiciones se dan el proyecto del Poder Ejecutivo, un nuevo parche que en este contexto solo beneficiaría a los que están en riesgo de ser descubiertos, por ejemplo, con activos en EE.UU. gracias al nuevo convenio de cooperación», continuó.
Para la diputada del PRO, «la solución que necesitamos es realizar una reforma profunda del sistema tributario para que todos quieran crecer y el Estado deje de ser un enemigo para convertirse en un aliado de los argentinos».
«También hay que mirar el tema de la seguridad jurídica, porque ya ha pasado que hubo gente que entró un blanqueo, pensó que empezaba a regularizar su situación, y se le cambiaron las condiciones que se les había dado en ese momento; todo esto hace difícil pensar que alguien pueda verse interesado en ingresar al blanqueo», añadió.
Carlos Castagneto
La de hoy fue la segunda y última reunión de la comisión para analizar el proyecto, ya que el martes pasado habían asistido Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y Guillermo Michel, director general de Aduanas.
En esa oportunidad, el primero dijo que «lo recaudado se destinará a la realización de viviendas y obras públicas, y al Tesoro Nacional. Este tipo de declaraciones refuerza la idea del Estado presente, combatiendo maniobras de gran evasión que atentan contra la gobernabilidad y desmantelamiento del Estado».
Por su parte, Michel puso de relieve que «la política de transparencia fiscal internacional es una política de Estado que debemos seguir sosteniendo» y dijo que se trata de un proyecto que, aclaró, «no es novedoso porque es algo que el Congreso ha discutido» en varias oportunidades.
El proyecto que quedó en condiciones de ser abordado por el plenario estipula un blanqueo que comprendería a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco, que contará con una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días desde la entrada en vigencia de la iniciativa.
Transcurridos los cuatro meses, los bienes detectados en el exterior y no declarados pagarán una tasa del 10 ciento; luego de esa fecha pagarán un 20 por ciento hasta el fin de vigencia de la ley de 360 días.
Se establecerá un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera, y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres períodos fiscales y con un tope de hasta US$ 50 mil.
Guillermo Michel
Para acceder al régimen, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado.
Se entenderá por repatriación de bienes cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren; el que no podrá ser inferior al 10 por ciento.
El proyecto prevé que quedarán excluidos únicamente del Régimen Simplificado los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario.
Tampoco podrán ingresar al blanqueo de capitales ningún presidente o vicepresidente, ministros del Poder Ejecutivo Nacional o provincial, gobernadores, intendentes, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores nacionales y provinciales, así como los jueces del Poder Judicial de la Nación que hayan asumido sus funciones a partir del 1 de enero de 2010.
Además, estarán excluidos los síndicos de entes de servicios, de la Auditoria, los embajadores, cónsules, personal de las Fuerzas Armadas o de seguridad, así como rectores de universidades nacionales, entre otros.
En esta condición también estarán los cónyuges, convivientes, padres e hijos de autoridades nacionales o provinciales que se hubieran desempeñado desde enero de 2010 hasta la fecha.
