Por Facundo Díaz D’Alessandro

Después de dos años de rodeos, divagues, viajes, reuniones “clave” y misiones que fueron y vinieron, esta semana comenzó, relativamente, a clarificarse lo que se puede esperar para la economía argentina en los siguientes años tras un presumible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la deuda de más de 45 mil millones de dólares originada por un crédito otorgado al país en 2018.

En primer lugar, el comunicado del FMI tras la reunión con el equipo técnico enviado por el ministro de Economía Martín Guzmán parece confirmar que, si bien se mantiene la tradicional postura de achicamiento del déficit fiscal, no es allí donde el organismo focaliza del todo su atención.

Vale señalar que el país tiene un enorme desequilibrio en sus cuentas, ya que al “déficit primario” del que se suele hablar en los medios, si se suma el pago de intereses de deuda, el déficit cuasi fiscal y el de las jurisdicciones subnacionales (provincias), de mínima rondan los 10 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).

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Que el FMI le permita al gobierno una cierta “flexibilidad” en la velocidad de reducción de ese desfasaje, puede resultar “interesante” a los negociadores argentinos (como las oraciones dedicadas al tema social: planes, políticas de contención). No obstante, otros tramos del texto del organismo multilateral de crédito difundido esta semana resultan, al menos aquí, los más relevantes para el análisis.

El presidente Fernández y la titular del FMI, Kirstalina Georgieva, durante un encuentro en Roma. Un grupo de funcionarios viajó a EEUU con la misión de acelerar el cierre del acuerdo.

El documento pide «abordar la persistente y alta inflación requiere un enfoque múltiple que implique una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, una política monetaria adecuada con tasas de interés reales positivas y una coordinación de precios y salarios». Dijeron que esto «también debe estar respaldado por políticas para acumular reservas internacionales, incluyendo mediante la promoción de la inversión extranjera directa y las exportaciones, que crecieron de manera muy sólida este año, especialmente en los sectores de valor agregado».

Aclarar oscurece

Las dos definiciones de primer orden, más allá de la mención al déficit fiscal: tasa de interés real positiva y promoción de la inversión extranjera directa y las exportaciones.

Lo primero se refiere, burdamente hablando, al costo del dinero, puntualmente en la tasa de referencia que pone el Banco Central y al decir real se pretende que esté por encima de la inflación. Esto depara que el país continúe en un escenario de relativa recesión económica, donde priman las inversiones «financieras» sobre las productivas, básicamente lo que ocurre desde 2014 (con diferentes grados e intensidades).

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Lo cual se complementa con la promoción de un modelo extractivista-exportador al incentivar especialmente (¿o únicamente?) aquellas actividades que pueden traducirse en generación de divisas (providenciales desde ya), esto es, alimentos y energía.

Al tratarse de dos segmentos sensibles en términos logísticos y sociales, alinear esos precios (con algún descuento de retenciones) internamente con el plano internacional puede seguir siendo una variable considerable en los próximos años. Al menos, puede estarse seguro que no volverán a la relación de otros años de «bonanza». Es decir, para el mercado interno, preponderantemente industrial (sobre todo las industrias más “densas”) y de servicios, se podría configurar un escenario complejo.

El comunicado del FMI es clarificador en ese aspecto. Se fija primero en la balanza de pagos, le molesta el déficit (fiscal), pero más o menos, lo que si no va a permitir es que no haya balanza comercial favorable. Si tenés que tener balanza comercial y si tenés que tener tipo de cambio que puede no ser competitivo (el mercado es recesivo a raíz de la tasa de interés), en realidad se consigue porque bajan importaciones, al no haber consumo ni inversiones productivas de fuste.

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El precio de la carne y los alimentos en general ha sido una de los principales golpes al bolsillo de los argentinos y componente inflacionario en los últimos años.

En ese escenario, los grandes perdedores, aparte de las personas que perciban ingresos fijos (jubilados, pensionados, pequeños y medianos empresarios, trabajadores independientes), son los sectores industriales «mercado internistas».

Danza con lobos

Más allá de los discursos, que pueden ser para distintas tribunas, en Plaza de Mayo o en Washington, se percibe que el acuerdo por la reestructuración de la deuda está encaminado, o al menos figura entre las pretensiones de la mayor parte de la clase dirigente.

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Eso mismo señaló uno de los economistas “del establishment” que en las últimas semanas reapareció en la opinión pública, Martín Redrado, al decir este fin de semana que todos los dirigentes de la coalición gobernante “quieren un acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional. “Aprendí a mirar los hechos y no tanto los discursos y las palabras”, remató.

El ex titular del Banco Central, uno de los que siempre suena como “ministeriable”, mantiene cercanía con sectores del oficialismo, como el Frente Renovador de Sergio Massa, y crónicas periodísticas le atribuyen encuentros en los últimos meses con la vicepresidenta.

Otro de los que siempre pulula en los medios y runrunes empresariales y políticos para ocupar el Palacio de Hacienda, generalmente más asociado a sectores “liberal conservadores”, es Carlos Melconian.

Martín Redrado (izq.) y Carlos Melconian (der.), eternos candidatos de establishment para el Palacio de Hacienda.

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En las últimas semanas se confirmó su nombramiento al frente del Instituto de investigación económica de la Fundación Mediterránea, para dedicarse a “elaborar un plan para el próximo gobierno”.

No son pocos los que consideran que las horas de Guzmán están contadas (aunque lo hagan desde el minuto 5 de su estadía en el Gabinete) y podría haber un recambio después del acuerdo, el cual debería anunciarse antes de marzo, fecha en que hay un vencimiento grueso con el FMI, a todas luces impagable (cerca de 20 mil millones de dólares).

Sea quien sea el ministro, a esta altura, las cartas parecen echadas y marcadas.